La popularidad del Presidente Nayib Bukele entre las derechas latinoamericanas suele disimular lo que ya es un hecho: la manera en que su ascenso desde la alcaldía de la capital salvadoreña hasta la presidencia del país se sostuvo en pactos con las pandillas criminales. Las pruebas han sido las suficientes como para que en 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a dos de sus colaboradores más cercanos, Carlos Marroquín y Osiris Luna, por liderar negociaciones con pandilleros para obtener su apoyo durante las elecciones municipales de 2015. Marroquin y Luna pactaron con las pandillas para hacer campaña a cambio de favores y estímulos financieros. En cuanto se cumplió el objetivo, ambos colaboradores de Bukele fueron nombrados en puestos del gobierno municipal y continuaron trabajando bajo sus órdenes hasta hoy. Actualmente, Carlos Marroquin, quien era conocido como artista del género urbano bajo el nombre de Slip, es director de reconstrucción del tejido social del gobierno, y Osiris Luna, director de centros penales y viceministro de Justicia.

Esta semana el medio periodístico salvadoreño El Faro publicó una entrevista con el líder pandillero Carlos Cartagena, quien refrendó la relación que tuvieron el mandatario y su entorno con las llamadas maras, el nombre genérico de las pandillas centroamericanas. Según Cartagena, el entorno de Bukele les entregó a las pandillas 250 mil dólares a cambio de su ayuda durante la campaña a la alcaldía de 2015. Las maras pedían el voto para Bukele a los habitantes de zonas bajo su poder, limitando, además, las campañas de los competidores. Otro pandillero que dio su testimonio bajo reserva de identidad sostuvo que la manera de coaccionar el voto era directamente amenazando de muerte a los vecinos. Bukele ganó por un margen estrecho a su contrincante del partido de la derecha tradicional durante esa elección para la alcaldía de San Salvador. El triunfo en el municipio de la capital del país marcó el ascenso definitivo en la carrera política de Nayib Bukele, quien hasta ese momento era solo el alcalde de un municipio pequeño. El contacto con las pandillas continuó durante su gestión municipal por intermedio de Carlos Marroquin. Los pactos rindieron frutos: hubo avances de orden y seguridad en la capital que alimentaron la popularidad del político, impulsando su posterior éxito en la carrera presidencial. Cartagena indica en la entrevista a El Faro que durante la campaña presidencial de 2018 las pandillas nuevamente apoyaron la candidatura de Bukele, quien en esa ocasión corría sin el respaldo de su partido original. En adelante los pandilleros, que celebraron su triunfo, llamarían Batman al presidente.

El trato entre el crimen organizado y Bukele sólo se rompió en marzo de 2022, cuando las pandillas mataron a 62 personas durante un mismo día, amenazando así la promesa de orden y seguridad del presidente en ejercicio. El mandatario respondió declarando el estado de excepción que rige hasta hoy, poniendo en marcha una política de mano dura que le devolvió al país una seguridad que parecía no haber logrado nunca en su historia reciente. Su popularidad creció, pero el costo ha sido enorme: la policía puede detener personas sin necesidad de orden judicial y mantenerlas en cautiverio sin derecho a defensa. Según cálculos de la ONU, habría cerca de 67 mil personas encarceladas en El Salvador, un país de poco más de seis millones de habitantes. Esto quiere decir que el 1% de la población está privada de libertad. Traducido a la población de Chile, sería algo así como si en nuestro país hubiera 190 mil personas encarceladas, un escenario desolador si pensamos que en la actualidad el número de personas privadas de libertad llega a 53 mil, provocando una aguda sobrepoblación carcelaria. La razón para que la cifra en El Salvador sea tan alta se debe a que hay miles de prisioneros que han sido detenidos y encerrados sin pruebas en su contra, tan solo por usar tatuajes o por ser jóvenes y pobres. En medio de un estado de excepción que se extiende, los tribunales llevan a cabo juicios masivos en donde los abogados defensores de centenares de acusados solo tienen un puñado de minutos para presentar sus casos.

El Salvador es un país de una superficie levemente mayor a la Región Metropolitana, con un índice de pobreza del 30% y un índice de desarrollo humano mediano, ocupando el lugar 124 entre 189 países. Chile tiene una tasa de pobreza de 6,5% y el índice de desarrollo humano muy alto, que lo sitúa en el lugar 44 de la lista de 189 países. ¿Qué se está comparando cuando se habla del milagro de Bukele?

Quienes ven al Presidente de El Salvador como un modelo a seguir y a su gestión como una receta a replicar suelen pasar por alto las diferentes realidades. Ningunean también los costos institucionales que ha acarreado su política de mano dura. Bukele usó su mayoría parlamentaria para remover al fiscal general que investigaba sus pactos con las pandillas y dispuso un reemplazante dócil a su voluntad. El poder que ha concentrado le permitió amenazar públicamente a los importadores de alimentos, obligándolos a bajar los precios. Si la ultraderecha latinoamericana piensa que el costo del orden y la seguridad en democracia debe ser ese, entonces lo que están proponiendo es una dictadura, no un programa democrático. Si a eso le llaman un proyecto patriota, entonces consideran que negociar con las pandillas, amenazar a los empresarios para controlar los precios y ofrecerle servicios carcelarios a una potencia extranjera, como lo ha hecho Bukele con Estados Unidos, también lo es. En consecuencia, el concepto de patriotismo de los admiradores del presidente salvadoreño es bastante peculiar, muy similar al abuso de un matón y al servilismo de un vasallo.