Por Tomás Flores, ex subsecretario de Economía

La primera clase de Economía siempre parte con la siguiente frase: “Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados”. Al existir recursos escasos y múltiples necesidades, se genera la obligación de elegir qué podemos producir y, por defecto, qué cosas postergaremos. Esto lo sabe de manera nítida una dueña de casa, quien tiene un presupuesto limitado y debe elegir en qué será usado. Esta realidad es tan cierta para una familia como para el gobierno, el cual tiene ante sí múltiples programas que desea implementar, pero limitados recursos para ello, ante lo cual aplica la metodología de la evaluación social de proyectos para finalmente dar luz verde a las iniciativas de mayor rentabilidad social.

En este contexto de realidad, se plantea la idea de crear una Empresa Nacional del Litio, como una alternativa a los contratos de explotación vigentes. Es necesario recordar que en la Constitución se dispuso que la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contuvieren sustancias no susceptibles de concesión, como el litio, pudieran ejecutarse por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación. De esta manera, los contratos firmados durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet establecieron un royalty de entre 6,8% y 40%, que depende del precio del litio, así como aporte a I+D y a los gobiernos locales. En el caso de Albermale, el aporte a I+D es del 3,5% de las ventas, mientras que en SQM es de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones. La evaluación realizada por la autoridad de la época, Corfo (2018), era que el aporte adicional de recursos de ambos contratos para Chile entre 2018 y 2030 será de más de US$ 12.000 millones, distribuidos en US$ 10.900 millones para el Estado (impuestos y royalty); US$ 981 millones para la Región de Antofagasta, tanto al gobierno regional, municipalidades de San Pedro de Atacama, María Elena y Antofagasta (Salar del Carmen) y comunidades atacameñas; y el aporte a I+D de US$ 352 millones. Todo este dinero lo recibirá el Estado de Chile sin tener que haber invertido ni un centavo en la explotación de esta riqueza.

Si se crea una Empresa Nacional del Litio, el Estado de Chile deberá destinar cuantiosos recursos para la inversión inicial, así como las que serán necesarias año tras año. Cada peso invertido en esa empresa competirá con los demás programas que financia el gobierno, lo que genera un problema que Codelco sufre todos los años, en donde el ministro de Hacienda desea extraer todas las utilidades generadas para financiar el gasto social, mientras que la minera reclama que no le dejan recursos ni para compensar la depreciación. Este fenómeno es nítido al observar el presupuesto del MOP antes de las concesiones, donde cerca del 80% del presupuesto se usaba en la mantención de la ruta 5. Las concesiones liberaron ese gasto y le permitió al MOP financiar otras inversiones de alta rentabilidad social.

De esta manera y volviendo al primer párrafo, el gobierno tiene que satisfacer múltiples demandas sociales y por tanto cada peso que se invierta en la Empresa Nacional del Litio será un peso menos en el gasto social, donde la rentabilidad respectiva supera largamente la de producir litio. En conclusión, los contratos de explotación son la manera más eficiente para que el Estado de Chile pueda aprovechar esta riqueza que el creador nos otorgó.