¿En qué está la participación en el proceso Constituyente?



Por Danae Mlynarz, coordinadora Red para la Participación

La Convención Constitucional lleva dos meses de ejercicio, los que han resultado muy fructíferos, a diferencia de lo que algunos medios de comunicación o comentaristas han querido instalar en la agenda pública. Se organizaron ocho comisiones transitorias de trabajo que abordaron aspectos específicos para generar el reglamento que guiará el trabajo de la Convención. Al ser un órgano nuevo y soberano debía, como primera labor, escribir sus propias reglas. Este proceso se hizo de forma participativa, a través de más de 1.200 audiencias y con sesiones en algunos territorios fuera de la Región Metropolitana, estableciendo el espíritu de descentralizar la reflexión. En las próximas semanas se armonizará el trabajo de las comisiones y el pleno votará, con la meta de terminar septiembre con un reglamento publicado.

Los agoreros del desorden y la discordia han fallado en sus vaticinios. La Convención avanza y busca que todas y todos seamos partícipes de este proceso. Para la incorporación de la participación ciudadana se ha generado un documento de discusión denominado “Propuesta de reglamento de mecanismos, orgánica y metodologías de participación y educación popular constituyente”.

La propuesta parece completa y pertinente, asumiendo los estándares y principios requeridos para un proceso que necesita legitimidad significativa. Se incorporaron prácticamente todos los componentes del “Compromiso por la participación en el proceso constituyente” que abordó la Red para la Participación.

Entre ellos se destaca el incorporar los principios y estándares de máxima transparencia y acceso a la información pública, la participación ciudadana directa e incidente en el reglamento de funcionamiento de la convención a través, por ejemplo, de encuentros locales autoconvocados; iniciativa ciudadana de norma; encuentros periódicos de rendición de cuentas de las y los constituyentes; consejos consultivos ciudadanos y mecanismos de resolución de controversias.

Este compromiso también implica descentralizar el trabajo de la convención e incluir a quienes han quedado al margen de la discusión, como las niñas, niños y adolescentes, las personas privadas de libertad, los chilenos y chilenas residentes en el extranjero, las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, los adultos mayores, personas en condiciones de pobreza, personas con discapacidad, las diversidades sexuales y de género, la población afrodescendiente, y la población rural, especialmente quienes habitan en zonas extremas y aisladas.

Además, debe incluir un enfoque de género en su diseño y ejecución, establecer un equipo técnico de promoción, seguimiento y procesamiento de la participación ciudadana inclusiva y utilizar ampliamente las herramientas digitales de comunicación. Mejorar la forma en que se comunica el trabajo de la convención es vital para que todas y todos puedan deliberar con información veraz.

El desafío hoy es hacer realidad este imperativo y para ello es necesario armonizar los deseos con los tiempos, los recursos, las metodologías, los canales, colaboraciones y apoyos. Es de esperar que la discusión reglamentaria no se entrampe por la propuesta de realizar plebiscitos dirimentes; una alternativa es considerar dicha modalidad como un mecanismo de resolución de controversias que se aplique en conjunto con el plebiscito de salida.

Lo importante es que los mecanismos que se adopten cumplan con ciertos estándares, para que sean efectivamente accesibles, inclusivos, abiertos, transparentes, incidentes, con pertinencia cultural y de género, descentralizados, con información comprensible, sincrónica, trazables en sus resultados y con comunicación y pedagogía sobre el proceso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Busquemos racionalizar la participación con espacios que sean posibles de sistematizar, con los recursos y tiempos limitados que contamos, con multicanales de ingreso y multiniveles de apoyo y seguimiento. Con la colaboración de todas las instancias que hoy se han puesto al servicio del proceso, universidades, municipalidades, gobiernos regionales y también desde la sociedad civil, porque el proceso constituyente se cuida y se defiende.

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