SEÑOR DIRECTOR:

En abril, el Mineduc presentó un Plan Nacional de Infraestructura que invertirá más de $20 mil millones en 76 colegios fiscales a fin de reparar ese aspecto, sumándose otro anunciado la semana pasada para catastrar la situación de establecimientos estatales, con una inversión de $3.400 millones. Si bien destaca el interés de las nuevas autoridades por mejorar la infraestructura de los colegios estatales, siguen discriminando a los 2 millones de estudiantes particulares subvencionados.

Sobre 1 millón de ellos (55%) está clasificado como vulnerable por el Ministerio de Desarrollo Social, no obstante son víctimas de la segregación estatal al no incluirlos en estos beneficios, a pesar de pertenecer a los mismos segmentos socioeconómicos de quienes estudian en colegios estatales.

De acuerdo con la Ley de Inclusión, los colegios particulares subvencionados (100% corporaciones sin fines de lucro) emplean los recursos del Estado en fines educativos detallados por la norma, que no incluyen mejoras ni construcción de infraestructura. Solo se les asigna al año un monto estrecho para mantenimiento, recibido también por los fiscales, sin considerar que el 91% de los particulares subvencionados es gratuito y no cuentan con otro financiamiento que el estatal.

Cuando el país se esfuerza para terminar con las desigualdades, es prioritario que los beneficios estatales se repartan de forma igualitaria, considerando la condición socioeconómica de los alumnos y sin importar a qué colegio asisten. No es un tema de montos, sino de principios. Y ahí la pregunta: ¿El Estado quiere ayudar a mejorar la educación de todos los escolares de Chile o solo de algunos?

Hernán Saldaña

Secretario General de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados