EL gobierno ha lanzado dos planes económicos de emergencia para enfrentar los efectos del Covid-19, argumentado correctamente que enfrentamos un shock transitorio y que para reducir sus efectos negativos sobre las familias y la capacidad productiva se requiere de acciones concretas. Reconociendo que estos planes van en la dirección correcta, las preguntas que debemos hacernos son si los apoyos para familias y empresas anunciados tienen la magnitud adecuada y si, en caso de ser necesario, el gobierno tiene espacio fiscal para financiar medidas adicionales.

Los planes de emergencia comprometen cerca de $3.700 millones de dólares en mayor gasto público “transitorio” en 2020. El gobierno ha anunciado reasignaciones presupuestarias por $2.450 millones de dólares para financiar parte de esos desembolsos. Es decir, el efecto neto de los planes de emergencia en el gasto público de este año sería de $1.250 millones de dólares, equivalentes a 0,5% del PIB. Por el lado de los ingresos, los planes contemplan postergaciones en el pago de impuestos y una disminución transitoria del impuesto de timbres y estampillas, equivalentes a 1,5% del PIB. Nuevamente, estas medidas no afectan los ingresos permanentes del Fisco.

Sumando las medidas con impacto en el gasto o ingresos del Fisco, los planes comprometen recursos “transitorios” por un total de 2% del PIB en 2020. ¿Son adecuadas en su magnitud las medidas anunciados por el gobierno?

Una mirada a episodios recientes de grandes shocks macro puede ser ilustrativa. A mediados de los 2000, el precio del cobre se situó en niveles muy superiores su precio de largo plazo. Dada la naturaleza “transitoria” del shock, la respuesta de política fiscal implicó un fuerte ahorro fiscal. ¿Cuánto? Entre 2004 y 2008 el país acumuló 25% del PIB en superávits fiscales. Luego, frente a la Crisis Subprime, el déficit fiscal aumentó cerca de 8% del PIB entre 2008 y 2009. Explicado por un aumento real en el gasto público de 16,5%, equivalente a 3% del PIB, y una caída en los ingresos equivalente a 5% del PIB. Esto muestra que frente a shocks transitorios de gran magnitud, pero probablemente menores al del Covid-19, la política fiscal actuó con la flexibilidad necesaria para buscar un mejor equilibrio en materia de actividad y empleo.

Usando la métrica anterior, hoy los planes de emergencia no parecen ser particularmente elevados. Y entendiendo la dificultad en su entrega, el apoyo a las familias tampoco ha sido lo suficientemente rápido. Por el lado de las medidas que no comprometen gastos, ex-ante, el plan de garantías para financiamiento que se ha comenzado a implementar es positivo, aunque aún es temprano para evaluar su efectividad.

Incluso si dejamos de lado la discusión previa, cabe preguntarse si existe espacio fiscal para implementar nuevas medidas en caso de ser necesario. Este es un escenario posible: el FMI espera una caída del PIB en nuestra economía de 4,5%, pero los planes de emergencia fueron diseñados para acotar la caída del PIB a 2%. Es decir, el equilibrio macro puede ser peor. Más aun, los expertos han sido claros en que para ir levantando gradualmente las medidas de distanciamiento social es clave aumentar el testeo, y esto requiere recursos.

¿Existe espacio fiscal? Si. El tamaño de la deuda pública “neta” de Chile, la medida relevante para esta discusión, es baja en cualquier comparación internacional. Más aun, el propio gobierno ha argumentado que el shock es transitorio, lo mismo que las medidas implementadas, lo que implica que no se está comprometido la posición fiscal “estructural”. El análisis puede ser distinto si la capacidad productiva del país se resiente significativamente producto del shock. Pero esto dependerá de la magnitud y efectividad de las medidas que implemente el gobierno.

Quizás los que argumentan que no existe espacio fiscal lo hacen porque temen que el tamaño del Estado aumente de manera permanente o que cerrar el déficit fiscal previo al Covid-19 sea aún más difícil. Si esa es la preocupación, lo razonable sería que el gobierno se siente a negociar con la oposición un acuerdo para comenzar a converger a un equilibrio fiscal a partir del año 2022.

Este es el momento de mostrar que una política fiscal responsable paga cuando más se le necesita. Es el momento también que las empresas muestren su responsabilidad social y que aquellas que puedan hacer un esfuerzo para mantener a sus trabajadores lo hagan. Muchas lo han hecho, pero si unas pocas abusan de los instrumentos de apoyo generados, todas se verán perjudicadas. Si aspiramos a que las discusiones en materia institucional que vendrán en los próximos meses se den bajo una lógica de acuerdos amplios, alejadas del populismo, es clave evitar un mal equilibrio en el corto plazo. Uno donde superamos la crisis sanitaria con daños permanentes para las familias, la capacidad productiva del país y nuestra convivencia política.

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