SEÑOR DIRECTOR:

Con mucho pesar y sorpresa hemos tomado conocimiento de la exclusión de los y las trabajadoras sociales del Código Sanitario.

Desde una perspectiva histórica, la salud pública chilena, cuyos resultados nos han situado como un lugar de prestigio a nivel internacional, se construyó sobre la base de un compromiso firme del Estado por mejorar el bienestar de las personas, destinando recursos y capacidades técnicas para la prevención, reparación y fomento de la salud. Pero como bien señaló el salubrista Ernesto Medina, en países como Chile, que durante gran parte del siglo XX mantuvo una economía inflacionaria, un PIB bajo y un crecimiento inestable, la clave estuvo en la fortaleza institucional y la calidad de la atención.

El antiguo Servicio Nacional de Salud conformó equipos sanitarios encabezados por médicos con un fuerte compromiso social, secundados por una pléyade de mujeres profesionales -enfermeras, matronas, asistentes sociales- que acercaron la salud a las familias y comunidades. El aporte del trabajo social fue esencial en muchos sentidos, y sostener que deben quedar fuera del Código porque no tienen formación estrictamente médica o farmacológica, es reducir la noción de salud pública y despojarla de su sentido humanitario, que supo ver en los usuarios un pequeño microcosmos donde el estado de enfermedad es el resultado de las condiciones en las que viven y se desenvuelven.

Las trabajadoras sociales educaron a la población, ensancharon su conciencia de los derechos que portan, fortalecieron a madres e hijos, e implementaron innumerables programas específicos que son impensables sin una mirada social y una inserción directa en la cotidianeidad de la vida. Sacarlas del proceso sanitario es un error histórico, pero, más todavía, es una decisión con nefastas consecuencias en el mediano y largo plazo.

María Soledad Zárate

Historiadora, Departamento de Historia, UAH

Maricela González Moya

Facultad de Salud y Ciencias Sociales, UDLA