Un amigo me dice que Jaime Mañalich, el ex ministro de Salud, es un buen médico. Confío en su opinión así que doy por sentado que, en tanto médico, el doctor sabe lo que dice. La semana pasada, sin embargo, el Sr. Mañalich acusó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de incurrir en una “Falla crítica”. Dicha acusación es coherente con que se trata de un buen médico.

La columna parte defendiendo el rol de los actores privados en la provisión de servicios de salud. Soy partidario de la colaboración público-privada en salud, en parte por las razones señaladas por Mañalich. Es difícil rebatir la idea que los mercados son instrumentos útiles para ampliar la cobertura de servicios. El problema no es ese. El desafío es generar condiciones equitativas para que las personas accedan a dichas prestaciones. El AUGE es una brillante muestra de colaboración público-privada.

Enseguida la columna, de manera confusa, se centra en la Clínica Las Condes (CLC), una entidad de alta complejidad en dos sentidos. Mañalich destaca una –la complejidad clínica – pero omite la otra: la de su gobierno corporativo. La parte más sorprendente es que dice “el fracaso completo ha sido de la CMF. A pesar de múltiples alarmas, falló, permitiendo que en algunos casos las instituciones sean administradas precariamente, llevando a crisis que arriesgan la sostenibilidad del prestador”.

A diferencia de otras clínicas, como la Alemana o Los Andes, CLC es una sociedad anónima abierta con una estructura de propiedad dispersa. Algo que distingue a CLC es que médicos juegan un doble rol de accionistas minoritarios y prestadores de servicios. Es difícil saber la materialidad de esto porque no conocemos los beneficiarios finales de las sociedades propietarias, pero de darse esta figura sería una fuente de conflicto de interés. Sugiero aclarar este punto pues es una fuente de riesgo que puede ser relevante. Es la estructura que adoptó CLC y lo importante es que los proveedores de financiamiento lo sepan.

El deterioro financiero e inconsistencias detectadas por el propio directorio lo llevaron a realizar auditorías forenses, identificar pérdidas en empresas filiales y realizar aportes de capital extraordinarios. Cuánto de esta mala gestión puede estar relacionada o agravada por conflictos de gobierno corporativo y cuánto pudiera ser otro tipo de irregularidades no se sabe, pero todo indica que hay un problema interno en la empresa.

En una economía descentralizada la gestión es materia de los propietarios. Pedir a la CMF que impida administraciones “precarias” es renunciar a la descentralización de la gestión empresarial y arriesgar la integridad del regulador cuyo rol propio no es administrar empresas. La CMF no tiene que ver con CLC como prestador privado de servicios de salud, sino como emisor de instrumentos de oferta pública. Siguiendo los mejores estándares internacionales, la regulación financiera aspira a que la CMF actúe cuando la gestión empresarial se transforma en un tema de mercado, no antes.

Por Guillermo Larraín, FEN Universidad de Chile