Los actores ya están listos para salir a escena. El gobierno y los senadores tienen todo preparado para que comience la discusión en la Cámara Alta de la megarreforma, cuyo eje central son cambios al sistema impositivo del país.

El martes que viene se dará cuenta formalmente del ingreso de la emblemática reforma del gobierno de José Antonio Kast al Senado, siendo el vamos para su tramitación que comenzará propiamente tal el miércoles 3 de junio, en la comisión de Hacienda.

Si bien el gobierno ha esbozado que se abrirá a realizar modificaciones en esta etapa parlamentaria, en lo concreto se tiene definido solo realizar una indicación, por el momento.

Se trata de los cambios a la propuesta original de eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la que fue rechazada en la Cámara de Diputados. En esa instancia los diputados de RN se desmarcaron de sus aliados de la UDI y del Partido Republicano, y se unieron con la oposición para votar en contra de la idea impulsada por el Ministerio de Hacienda, el que debió echar pie atrás en su intención.

Así, de acuerdo a fuentes del gobierno, lo que se tiene prácticamente redactado ahora y que entraría como indicación en esta primera etapa en el Senado, es una reestructuración parcial a la forma en que funciona la franquicia tributaria del Sence.

Esta es un incentivo impositivo que se otorga a las empresas contribuyentes de Primera Categoría. Consiste en la posibilidad de descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores, por gastos incurridos en acciones de capacitación autorizadas por el Sence.

Pueden acceder las firmas que tengan una planilla anual de remuneraciones imponibles superior a 35 UTM -del orden de $2,5 millones-, pero para obtener el total del beneficio debe ser arriba de 900 UTM -unos $64 millones-, y que cuenten con las cotizaciones previsionales pagadas. El costo anual de este mecanismo para el fisco es de US$300 millones.

La modificación más importante que incluiría el gobierno al respecto, será que el porcentaje máximo que las empresas pueden descontar como gasto en capacitación bajará de 1% a entre 0,7% y 0,75%. Con esto, el costo fiscal se reduciría de US$300 millones a unos US$200 millones, que es uno de los aspectos que el Ejecutivo busca asegurar.

Asimismo, se establecerá un consejo de expertos para que evalúe el tipo de capacitación que se está entregando, de modo de asegurar que estas sean en áreas que las empresas necesitan y no solo que se usen para descontar gasto y, con ello, pagar menos impuestos, como se evalúa que sucede actualmente.

Este consejo tendría como función, además, fijar una vez al año el listado de cursos de capacitación que podrían ser financiados por la franquicia tributaria. También debiera tener injerencia en la definición de las políticas públicas de capacitación, considerando la participación de gremios empresariales y de trabajadores.

Tales cambios van en línea con las propuestas presentadas por las diputadas Ximena Ossandón (RN) y Gael Yeomans (Frente Amplio).

En el resto de los artículos de la megarreforma, si bien el Ejecutivo se ha abierto a explorar más modificaciones, como bajar los años para la invariabilidad tributaria o subir el monto de inversión, y acotar el costo del crédito tributario, lo cierto es que por el momento ello no se materializaría en indicaciones.

De hecho, desde Teatinos 120 sostienen que si bien, eventualmente, se puede conversar y llegar a acuerdos en esas materias, esto quedaría para la negociación que se pueda abrir en el Senado, ya que ambas normas están aprobadas y cuentan con el respaldo del oficialismo.

“Como senadora de derecha, espero que este proyecto avance de manera rápida, pero avanzar rápido no significa dejar el proyecto tal cual, sino que nosotros lo menos que esperamos es que el Ejecutivo nos escuche, que pueda acoger las inquietudes y las sugerencias que estamos entregando”, afirma la senadora RN e integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica.

Contribuciones

Otro de los temas que sigue generando reacciones es la eliminación del cobro de las contribuciones para los mayores de 65 años. En este artículo también hay expectativas de que Hacienda se moverá de su propuesta actual, pero de nuevo, no lo haría en la partida de la discusión.

“Tenemos los votos” argumenta un conocer de las negociaciones. Sin embargo, al interior del gobierno reconocen que existe cierta tensión con la oposición y con el oficialismo por esta materia. Una fuente señala que el conflicto está radicado en dejar satisfechos a Chile Vamos, republicanos y libertarios, donde no hay consenso sobre cómo se debe aplicar su reducción.

En todo caso, sí se estarían evaluando alternativas de cambios que se justificaría hacer si con ello se logra un apoyo más transversal de esta norma y de algunas otras. Una fórmula sería hacer gradual la reducción de las contribuciones, para que el ajuste en los presupuestos de los municipios tome más tiempo, o bien fijar un tope para dejar excluidas a las personas de mayor patrimonio o viviendas de mayor valor.

A lo que sí se ha comprometido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de forma clara, es a establecer en el Presupuesto de la Nación los recursos a reponer en el Fondo Común Municipal con una redacción más explícita. De hecho, en una reunión del jueves por la tarde nuevamente se lo enfatizó a un grupo de alcaldes.

El senador Rojo Edwards (independiente del oficialismo), coincide en que en el tema de la eliminación de las contribuciones hay distintas alternativas a analizar. Una de ellas es que se aplique de manera gradual como, por ejemplo, indica, “se puede comenzar con una reducción de 50% para las viviendas de mayores de 65 años o bien fijar esa gradualidad por año”.

Artículo 8 no se repone

Una de las normas que también se rechazó en la Cámara de Diputados y que el gobierno no tiene contemplado reponer es el artículo 8.

¿De qué trata? La norma original propuesta por el gobierno señalaba que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

Luego, el Ejecutivo ingresó una indicación para lograr su aprobación, lo que tampoco logró. Por lo mismo, Hacienda decidió no insistir por ahora con esta norma, ya que no cuenta con los votos de RN y genera además un rechazo generalizado de distintos actores relacionados con la creación de contenidos.