Con cuarenta años de trayectoria y más de once centros logísticos, Bodegas San Francisco (BSF) es uno de los actores más relevantes del mercado de bodegaje en Chile, pero por estos días, la compañía enfrenta un tenso conflicto en tribunales. La sociedad matriz, vinculada a Sergio Barros, Arturo Salvatierra y la familia Silberberg, se querelló contra su exclienta, la empresaria Paula Behnke, y el abogado Pablo Núñez, acusándolos de estafa y extorsión.

En el escrito, ingresado el pasado 28 de abril ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, BSF denuncia ser víctima de una guerra judicial “ilegal y abusiva” orquestada por los querellados. Según la firma, esta ofensiva obedece a una estrategia de presión y desinformación cuyo único fin es forzar el pago de aproximadamente $12.000 millones.

El origen de la disputa se remonta al 20 de febrero de 2024, tras un incendio que afectó al Centro Logístico Vespucio en Pudahuel. A raíz de este siniestro, la empresa de la querellada (Behnke SpA) sufrió la pérdida total de los bienes que allí almacenaba, lo que detonó la arremetida legal que hoy se tramita en distintos frentes judiciales.

“En el caso de Behnke SpA se trataba de la Bodega L6 de 500 m2 de superficie, con mercadería valorada por la misma Behnke SpA, información que no puede ser corroborada por BSF, en la suma de $400.000.000 Dicho incendio se originó en una bodega diversa de la de Behnke SpA, no existiendo responsabilidad alguna de BSF en el origen del incendio, ni en su propagación, al menos declarada judicialmente”, acotó la querella.

“Behnke SpA nunca dio cumplimiento a su obligación de tomar seguros contra incendios y responsabilidad civil, ni tampoco tramitó ni menos obtuvo su respectiva patente comercial en la comuna de Pudahuel, cuestión clave para el proceso de calificación técnica industrial de su giro en dichas bodegas”, acotó.

“Los querellados han sobrepasado todo límite ético, jurídico y socialmente tolerable y han inventado un mantra en redes sociales: BSF–Bodega Clandestina que su barra brava repite con fruición, trasladando el debate de los tribunales al juez virtual, apostando a que las autoridades son sensibles al termómetro y al barómetro que mide la temperatura y la presión ambiente para actuar y eso, más redes grises de favores, les ha generado algunos logros ilegales”, consignó la acción penal.

Bodegas San Francisco cuenta con la asesoría legal de Juan Carlos Manríquez y en la querella el penalista solicitó que la acción se mantenga en reserva la carpeta electrónica en la Oficina Jurídica Virtual.

Querellas

La ofensiva comenzó en marzo de 2024 con una primera querella criminal interpuesta ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, causa que actualmente se encuentra desformalizada.

Posteriormente, Behnke presentó una segunda querella por el delito de estafa, esta vez dirigida contra Celia de la Luz Arraño y Enrique Alejandro Barra Campos, arquitecta y revisor externo del proyecto, respectivamente. En este recurso, la exclienta acusó que presuntas fallas y omisiones en el diseño de las bodegas siniestradas la habrían inducido a error al momento de contratar los servicios de almacenaje.

A esta acción se sumó una tercera querella criminal ante el mismo tribunal, dirigida contra Bodegas San Francisco Limitada y diversos ejecutivos vinculados a la compañía. Entre ellos se encuentran Sergio Barros, representante de Inversiones Quildos Limitada, además de Sergio Silberberg, Federico Silberberg Cargill, Francisco Silberberg y Matías Ovalle, todos ellos representantes de la Sociedad de Inversiones Fénix Limitada.

De manera paralela, la contraparte desplegó una serie de acciones administrativas y civiles en distintas Secretarías Regionales Ministeriales, la Dirección de Obras Municipales, concejos municipales, reclamos de ilegalidad contra la Municipalidad de Pudahuel y solicitudes de fiscalización ante la Contraloría General de la República.

Bodegas San Francisco sostuvo en su querella que todas estas acciones son injustificadas y contienen “información manipulada o derechamente falsa”. El objetivo de la exclienta, según la empresa, sería engañar a los jueces y a las autoridades administrativas, de control y municipales encargadas de revisar estos asuntos.

Descargos

Pulso contactó a los querellados, quienes descartaron la acusación de extorsión. “El monto que solicitamos para llegar a un acuerdo no es una cifra arbitraria, sino que corresponde exactamente al monto demandado en el juicio civil. Esta cifra está plenamente justificada en el expediente judicial y abarca no solo los bienes destruidos en las bodegas, sino también el lucro cesante y el daño moral, tal como lo permite la ley”, señaló Paula Behnke.

“Durante la reunión, la contraparte llevó la iniciativa de la conversación y nos solicitó que enviáramos por correo un desglose detallado de los ítems de la indemnización, lo cual hicimos. Posteriormente, nuestra comunicación por correo se limitó a consultar si habían revisado el tema con su compañía de seguros, ya que este tipo de acuerdos requiere la autorización de las aseguradoras. Al constatar que no habría acuerdo, ambas partes simplemente manifestamos nuestra intención de seguir adelante con las acciones legales correspondientes”, acotó el abogado Pablo Núñez.

Behnke sostuvo: “No tenemos nada que ocultar y siempre hemos actuado con total transparencia. De hecho, paralelamente a la demanda civil, hemos impulsado una estrategia judicial para exponer las graves irregularidades de esta empresa”.