La situación fiscal es estrecha y de eso hay consenso, sin embargo, esta semana estuvo marcada por una polémica que comenzó el lunes por la tarde cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó que inconsistencias en la proyección de la deuda que hizo el gobierno de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

El principal cuestionamiento a la proyección de deuda que incluyó el gobierno anterior en el IFP del cuarto trimestre de 2025 y que consideran los expertos sería conveniente que sus personeros explicaran se refieren a supuestos de ítems que están “bajo la línea”.

Uno de ellos es el denominado “Otorgamiento neto de préstamos”, donde se cuenta la entrega de ciertos préstamos y su nivel de recuperación. Ese uso de recursos disminuyó entre ambos IFP del año pasado, para el mismo lapso 2026-20230, en $3,9 billones, lo que a su vez acotó la necesidad de deuda.

Ante este debate, el exjefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos del gobierno de Gabriel Boric, Pablo Jorquera, defendió las cifras proyectadas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025, que fueron criticadas por la nueva administración.

Lo primero que menciona es que “este gobierno no ha hecho una explicación detallada de los supuestos que cuestiona. No es posible desprenderlo del “Recuadro 6” del IFP, que cita el ministro, por lo que no es posible hacer un análisis de los supuestos en variables que se relacionan con la evolución de la deuda pública”.

En ese escenario sostiene que “tal como se ha señalado en la prensa hay varios factores que modifican el nivel de deuda, como la variación del tipo de cambio, del PIB nominal, uso de activos del Tesoro y operaciones bajo la línea, entre ellos ”recuperación de préstamos", por ejemplo.

Sobre los cuestionamientos que los expertos hicieron sobre algunos ítems como “la recuperación de préstamos”, Jorquera señaló que “se realizó un análisis de la ejecución efectiva por este concepto”.

El economista dice que en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026 se cuestiona que el déficit fiscal declarado por la administración anterior habría subido mucho más que lo que lo hace la deuda, entre los que se reportó en el IFP del tercer trimestre del 2025 y el cuarto trimestre del 2025.

“Bajo estándares internacionales, se establece explícitamente que la relación entre el déficit (flujo) y la deuda (stock) no es directa ni simétrica, por lo que esa afirmación no sería del todo correcta. Faltaría analizar el ajuste de flujo de existencias y los movimientos bajo la línea. Con todo no es posible desprenderlo del “Recuadro 6” del IFP”.

Para Jorquera, lo que más sorprende es que incorporan presiones de gasto “no reconocidas” previamente. Sobre este punto argumenta que “serían gastos que no habrían sido incorporados en la proyección del IFP del cuarto trimestre del 2025, pero de los que no se entrega el detalle específico en el informe”. Puntualiza que “las denominadas presiones de gasto, todo gobierno las enfrenta y parte del rol del ejecutivo es administrarlas, evitar que se materialicen e identificar holguras para su gestión y financiamiento. Incorporarlos es renunciar a los esfuerzos de control de gastos, y dar por hecho que sucederán estos gastos potenciales”.

Por otro lado, critica que “se revisen a la baja de los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario, con apenas un trimestre de datos es metodológicamente cuestionable, pues hay que recordar que hubo una implementación diferida de tal ley”.