SEÑOR DIRECTOR

El traumático proceso que terminó con la decisión del gobierno de retirar la postulación de la ministra Dobra Lusic a la Corte Suprema de Justicia, puso de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de modificar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial.

Este episodio ha develado el poder impropio que detentan jueces en materia de nombramientos de otros jueces, notarios y conservadores, fiscales del Ministerio Público y ministros del Tribunal Constitucional. Por lo mismo, resulta incomprensible que algunos ministros del más alto Tribunal aún no acepten la dura e indeseada realidad. Si los méritos y competencias profesionales junto al correcto desempeño del cargo no son suficientes, y resulta más relevante, o al menos necesario, incluir llamados o visitas a quienes deciden, o hablar con los amigos de ellos, es que algo no funciona bien en el sistema. De ahí a usar ese diseño para favorecer o perjudicar a candidatos a partir de simpatías, favores similares o dinero, hay solo un paso.

El sistema institucional debe proteger a los jueces y juezas para que puedan desarrollar sus funciones libres de presiones. Debe ser el sistema el que controle eficientemente la ausencia de espacios abiertos a conductas reñidas con la probidad y la ética.

Es por esto que llamamos a nuestras más altas autoridades judiciales y legislativas a impulsar una efectiva solución al problema. Las primeras, comprometiéndose a dejar el camino libre para que la segunda asuma la tarea, tanto tiempo postergada, de repensar la estructura moderna y democrática del Poder Judicial.

Soledad Piñeiro

Presidenta Asociación Nacional de Magistrados