“Fast Track” en agenda económica y de seguridad

Recientemente el Ejecutivo, junto con la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el Senado, acordaron acelerar la tramitación de 21 proyectos de la agenda procrecimiento, de los cuales 19 se encuentran en tramitación en distintas instancias de ambas cámaras, y tres ingresarían próximamente.

No cabe duda de que aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía resulta fundamental, entre otras razones para lograr financiar las crecientes demandas sociales. En este sentido, la iniciativa acordada entre ambos poderes del Estado va en la dirección correcta.

Al analizar el detalle de las 21 iniciativas, se puede constatar que varios proyectos llevan años de tramitación en el Congreso y bien podrían ser objeto de un fast track, como por ejemplo la iniciativa para fomentar la competencia en el cabotaje marítimo, la de concesiones marítimas -que inició su tramitación en 2012- o bien aquella que modifica el sistema notarial, cuya versión más reciente data del año 2018, pero que lleva más de dos décadas discutiéndose bajo distintos gobiernos. Otro grupo de proyectos requiere de una discusión más profunda, como el de cumplimiento tributario, la descentralización fiscal y el que busca simplificar la permisología. Y definitivamente otras iniciativas, como la creación de una banca de primer piso al alero de Corfo, de dudoso impacto, no parece recomendable que sea parte de un proceso de tramitación abreviado.

Sectores políticos de oposición han levantado duda sobre su oportunidad, entendiendo que la prioridad es finalizar la agenda de seguridad, que tuvo un avance importante impulsado por la anterior mesa del Senado, pero que aún tiene iniciativas relevantes pendientes, como la regulación del uso de la fuerza, la modernización del sistema de inteligencia, o la Defensoría de las víctimas, por nombrar algunas. Otros han relevado la imposibilidad de avanzar en la agenda legislativa en época de elecciones.

La labor de los parlamentarios junto al gobierno es entregar soluciones concretas a la ciudadanía en materias tan relevantes como la seguridad y el crecimiento económico; por lo mismo, el Congreso debe ser capaz de organizarse para permitir que puedan avanzar distintas iniciativas al mismo tiempo, sobre todo tratándose de dos demandas ciudadanas que requieren el máximo de urgencia. Tampoco debe perderse de vista que ambas dimensiones están estrechamente relacionadas, tal como hemos sido testigos en la Macrozona Sur, donde la autoridad no ha logrado garantizar las condiciones para seguir desarrollando inversiones con normalidad, tal como se ha podido apreciar en el sector forestal.

Ambos poderes del Estado deben acelerar las reformas en materia de seguridad y crecimiento, priorizando aquellas iniciativas que tienen mayor tiempo de discusión en el Congreso, permitiendo a su vez que aquellas que requieren de un mayor análisis técnico cuenten con el debido tiempo para su evaluación, lo que tampoco debe implicar que pierdan sentido de urgencia.