FF.AA. y combate al narcotráfico

El anuncio presidencial de la firma de un decreto que brinda atribuciones a las Fuerzas Armadas para que puedan participar en el combate al narcotráfico, activó un áspero debate político respecto de la pertinencia de la medida. Hay quienes han alertado acerca de las negativas experiencias en otros países, donde los cuerpos armados han terminado cooptados por la corrupción o bien involucrados en episodios de alta violencia. Otras voces han hecho ver también el sensible tema fronterizo con Perú y Bolivia, que podría dar pie a suspicacias o eventuales incidentes fronterizos. Por último, otro tema complejo será si Contraloría tomará razón del decreto, por existir algunas aprehensiones respecto de si la ley y la Constitución facultan a las FF.AA. para desempeñar un rol de esta naturaleza.

El Ejecutivo ha fundamentado la necesidad de este decreto en razón de que Chile limita con dos de los mayores productores de cocaína el mundo -países que además estarían alcanzando niveles récord de producción-, y por el hecho de que más del 60% de toda la droga que ingresa por el país lo hace por la extensa macrozona norte -donde se han detectado más de 160 pasos clandestinos. La amenaza del narcotráfico es real, y el Presidente de la República tiene razón en relevarla, pero aún cabe despejar si es imprescindible reforzar con un rol más activo de las FF.AA., -producto de que la situación se ha desbordado-, o si en cambio lo que se requiere es el fortalecimiento sustancial de las capacidades de Carabineros y la PDI, que tienen a su cargo las fronteras.

Actualmente las Fuerzas Armadas comparten información de inteligencia residual y colaboran en asuntos logísticos puntuales -como en vigilancia área de nuestras fronteras-, en coordinación con otros organismos del Estado, sin envío de tropas. El decreto faculta al Ministerio de Defensa para "suscribir los decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las FF.AA. para permitir el despliegue de unidades terrestres, aéreas y/o marítimas con el fin de colaborar en apoyo logístico, tecnológico y de transporte en las zonas fronterizas". Su quehacer a partir del decreto se limitará a actividades relacionadas con narcotráfico y crimen organizado transnacional, siempre relacionado con la frontera, brindado apoyo logístico, sin innovar respecto a la detención por flagrancia, para lo cual seguirán las normas actuales.

Como principio general el Estado tiene la obligación de utilizar todas sus capacidades si es que existe una amenaza real, y en ese plano los distintos sectores políticos deben analizar sus pros y contra con serenidad. Pero al darle un rol formal a las FF.AA. en asuntos propios del ámbito del combate al narcotráfico y de la seguridad interna, aun cuando sea de apoyo, su diseño debe ser cuidadosamente analizado y sus funciones muy bien acotadas, por los posibles riesgos geopolíticos que encierra. Parecería preferible que si prosperara el decreto la coordinación general quedara expresamente bajo el Ministerio del Interior -ello de hecho ya ocurre así con el Plan Frontera Segura-, para asegurar que Defensa mantendrá su rol técnico.