Por Gonzalo Cordero, abogado

Una constante de nuestra historia independiente es que, en momentos de tensión, en los hitos que han producido cambios de época, nuestras FFAA han jugado siempre un rol central: la independencia, la formación de la República, la guerra civil de 1891, el quiebre de 1924 y, obviamente, el desenlace de la crisis de nuestra democracia en 1973. Desde el proceso de violencia desencadenado el 18 de octubre, han vuelto a ser objeto de debate, “tironeados” por su rol en el control del orden público bajo estados de excepción constitucional; la amenaza a símbolos que son esenciales para su cultura e integridad, recuerdo los manifestantes que pretendieron ir a la Escuela Militar o el vandalismo que sufrieron la estatua del General Baquedano y el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso.

El Ejército emitió declaraciones, algunas de las cuales fueron objeto de ácidas críticas por dirigentes políticos y dieron lugar a que distintas personas, entre ellas algunos parlamentarios, acudieran a la Contraloría General República, cuestionando la legalidad de dichas expresiones. El órgano contralor resolvió que, en ninguno de los casos, se había infringido el deber de obediencia, ni la prohibición de deliberar; sin embargo, hizo presente que su reiteración sí podría llevar a una falta a dichas obligaciones. Aunque se podría cuestionar que la reiteración de conductas lícitas pueda conducir a un resultado reprochable, parece comprensible el sentido de la referida resolución, nadie debiera desear -estoy seguro que las propias FFAA no lo desean- que los mandos militares entren en polémicas con sectores del país o se refieran institucionalmente de manera crítica a las actuaciones de grupos de civiles.

Sin embargo, es evidente que cada vez que lo han hecho ha sido como reacción a las agresiones que han sufrido y que se han dado en el marco de conductas manifiestamente ilícitas. Lo que resulta grave e incomprensible, es que dichas conductas hayan sido idealizadas, el vandalismo haya sido elevado a la categoría de manifestación “social” y que dirigentes políticos hayan conferido a la profanación de la tumba del soldado desconocido la categoría de epopeya, reivindicando contradictoriamente después la legalidad para silenciar el repudio formal y argumentado de las instituciones castrenses.

Las FFAA son y deben ser de todos los chilenos, deben estar al margen de toda discusión política, pero si los civiles pretendemos demandar el cumplimiento de esos principios debiéramos, por nuestra parte, respetar su cultura, sus tradiciones y aporte al país. Puede que haya grupos que no reconozcan nada de esto y están en su derecho a ejercer la crítica propia de un sistema democrático, pero de ahí a insultarlas y agredir sus símbolos, para luego pretender amordazarlas, hay una distancia enorme. La Contraloría no es el camino para afirmar agendas político ideológicas.