Esta columna fue escrita junto a Rodrigo Guijón, Wildlife Conservation Society-Chile.

Con la oficialización de las nuevas áreas protegidas del Estado creadas a fines del gobierno pasado, éstas pasarán a cubrir alrededor de un 21% de la superficie terrestre de nuestro país y un 46% de la zona económica exclusiva que Chile tiene en el mar. Estos porcentajes parecen auspiciosos. Sin embargo, una encuesta realizada en el marco del proyecto GEF-PNUD-MMA “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” – reveló que la efectividad del manejo en las mismas es en la mayoría de los casos incipiente, es decir, enfrentan deficiencias mayores de personal, presupuesto, equipamiento, entre otros, para la aplicación de la legislación y combate de las presiones que existen sobre las áreas.

Chile ha dado grandes pasos en la declaración oficial de áreas para proteger nuestro patrimonio natural, pero no ha hecho aún los avances necesarios para sostener financieramente el manejo efectivo de las mismas. Dicho financiamiento debe ser funcional a la misión que tienen las áreas protegidas al creárseles, cual es, conservar el patrimonio natural y cultural en ellas, y como consecuencia de ello también los servicios ecosistémicos que proveen- como la provisión de agua, abatimiento de carbono y la mantención de la diversidad genética para especies de interés comercial- que para Chile han sido valorados en más de US$ 1.360 millones anuales.

Según los resultados del mismo proyecto GEF ya mencionado, la brecha presupuestaria para un manejo básico de las áreas protegidas es de al menos US$ 70 millones al año. Aunque es una cifra importante, en realidad representa apenas un 0,03% del Producto Interno Bruto del país, para administrar más de un quinto de su superficie.

¿Cómo podemos avanzar en cerrar la brecha presupuestaria? En primer lugar, es necesario aumentar el presupuesto de origen fiscal. Habiéndolas reconocido formalmente como bienes públicos, el Estado es responsable de proveer a las áreas protegidas de recursos suficientes para cumplir su propósito. Este aumento presupuestario debe ir en línea con completar la institucionalidad ambiental, unificando la administración de las áreas protegidas en un Servicio especializado, que cuente con un programa presupuestario para la asignación de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos, asociado a metas y objetivos explícitos de gestión.

En segundo lugar, reconociendo que rara vez el presupuesto público es suficiente para el total de necesidades de gestión de las áreas protegidas, es recomendable diversificar las fuentes de ingresos

Una alternativa de probado éxito en el mundo son los Fondos Ambientales, instituciones privadas que recaudan, administran y direccionan financiamiento en apoyo a las políticas públicas. Estas instituciones requieren de una estrecha colaboración entre el Estado y los aportantes privados, con visión de largo plazo para los objetivos de conservación del patrimonio natural del país. Una herramienta de este tipo sin duda sería una contribución al financiamiento de las áreas protegidas, fomentando además la colaboración público-privada.

El actual gobierno tiene la oportunidad de hacer grandes avances concretos en estas líneas, impulsando no solo la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas – el cual ya ha sido priorizado en la agenda legislativa – sino que fomentando que se le dote de un presupuesto acorde a su labor. Asimismo, tiene la posibilidad de tomar un liderazgo en el diseño colaborativo de un fondo ambiental que apoye la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas, en línea con la recientemente actualizada Estrategia Nacional de Biodiversidad.