Por Iraci Hassler, alcaldesa de Santiago, y Claudio Castro, alcalde de Renca

El año 2017 se creó el Nuevo Sistema de Educación Pública que, entre otras cosas, traspasa la administración de los establecimientos educacionales desde las municipalidades a 70 nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en todo el país.

Esta ley tuvo su origen en un diagnóstico avalado por amplia evidencia académica y masificado en las movilizaciones estudiantiles de los años 2006 y 2011, donde se denunciaba la situación de abandono de la educación pública por parte del Estado tras la “municipalización” impulsada en dictadura. A partir de esa imposición, la educación pública ha evidenciado la profunda desigualdad de recursos entre los municipios, el uso electoral que en algunas comunas se ha hecho de los recursos destinados a educación y la diferencia de énfasis que cada autoridad local le entrega a la administración educacional, dejando su fortalecimiento a merced de la voluntad de la alcaldesa o alcalde de turno. El resultado es conocido: los últimos años hemos enfrentado un aumento en las brechas de aprendizaje y confianza en las escuelas públicas, que se ha traducido, además, en una caída más o menos sostenida de la matrícula.

El Nuevo Sistema de Educación Pública responde, entonces, a la urgencia de que los niños y niñas de Chile reciban una educación sólida e integral independiente de su origen geográfico y socioeconómico o de la capacidad —o voluntad— de su sostenedor comunal. Se trata de sentar las bases institucionales para construir una educación pública que sea un orgullo y un eje central del desarrollo estratégico del país.

La derecha, que ha manifestado su oposición a este proceso desde su discusión en el Congreso, hoy parece rearticularse en una nueva iniciativa, ahora desde el gobierno, buscando entorpecer o incluso detener su implementación. Este afán se evidencia en la nula prioridad para apoyar la implementación de los primeros SLEP, con equipos técnicos, recursos y coordinación a nivel de Estado; en el tardío nombramiento de la Directora de Educación Pública; en la suspensión de 9 de los 15 traspasos dispuestos para el año 2022; y, en la poca y lenta implementación de las recomendaciones emanadas por parte del Consejo de Evaluación.

Por desgracia, a la desidia del Ejecutivo en esta materia, se suman hoy algunos representantes de la ACHM, formando un coro que no terminamos de comprender y sin haber hecho una consulta previa a los integrantes de la misma.

Desde los municipios de Renca y de Santiago vemos con mucha preocupación el accionar del gobierno y reiteramos nuestra convicción de que la Nueva Educación Pública debe ser apoyada desde todos los niveles del Estado.

Por cierto, esto no significa desatender las dificultades prácticas y las legítimas aprensiones de las comunidades educativas frente a procesos de cambio. Es más, la misma ley establece la gradualidad y la posibilidad de evaluar y hacer correcciones. Es imperioso conocer qué mejoras está desarrollando el gobierno para subsanar las observaciones entregadas por el Consejo de Evaluación y cómo se está ejecutando y dotando de recursos la implementación de los SLEP.

La Nueva Educación Pública exige, además, que los gobiernos locales y quienes los encabezamos asumamos de manera proactiva nuestro nuevo rol. Se trata de construir una nueva relación entre la educación pública y los municipios, funcionando como puente entre las políticas educacionales del Estado y las comunidades locales.

Finalmente, hacemos un llamado a que en este período de campañas se considere el fortalecimiento de la educación pública como un eje central de la discusión, promoviendo siempre el protagonismo de las comunidades educativas; y que, en el marco de la redacción de la nueva Constitución, se establezca con fuerza el derecho a la buena educación para todos los niños, niñas y adolescentes; con un rol preponderante de la educación provista, financiada y administrada por el Estado.