Hace unos días, la Comisión Asesora de Gasto Público, convocada por el Ministerio de Hacienda, publicó su informe con 34 medidas para reducir y contener el gasto. El reporte es valioso por varias razones: las propuestas se lograron por unanimidad en un grupo transversal, se estiman recortes concretos (US$2.000 millones anuales) y se propone una hoja de ruta para ser implementada con sentido de urgencia. Ahora veremos si el gobierno tiene la voluntad de plasmar estas recomendaciones en la Ley de Presupuestos 2026 y, más importante, en una agenda legislativa de mediano plazo.

La fragilidad de nuestras finanzas públicas merece máxima atención. De ahí la importancia de tomarnos en serio y con sentido de urgencia las propuestas de esta comisión. La deuda avanza hacia el límite de 45% del PIB; el déficit fiscal de la última década (sin contar la pandemia) promedió -1,4% del PIB; y los ahorros fiscales han caído al mínimo. La falla es estructural: el Estado gasta más de lo que recauda, lo que no es sostenible.

Las 34 medidas se dividen en 16 de reducción y 18 de contención de gasto. El primer grupo podría ahorrar US$2.010 millones, en línea con la recomendación del CFA de mayo (0,5% del PIB). Destacan las orientadas a corregir la desfocalización de la gratuidad en educación superior. La Comisión propone fortalecer la asignación de este beneficio, pues existiría “acceso indebido”. En otras palabras, chilenos que no califican hoy lo reciben. También sugiere eliminar el gatillo que permitiría a los deciles 7, 8 y 9 acceder a la gratuidad y restringir el beneficio a menores de 30 años. Son medidas razonables, desde una óptica de justicia social y considerando la estrechez fiscal actual.

Como era esperable, también se plantea terminar con programas mal evaluados o de baja escala, y fusionar o eliminar servicios que duplican funciones. Con esto, se consolida un diagnóstico compartido: nuestra fragmentada política social requiere cirugía mayor. Con más de 700 programas —420 de ellos con presupuestos menores a US$5 millones—, cuya efectividad desconocemos, no lograremos un Estado eficaz en reducir pobreza y desigualdad. Surge aquí una oportunidad: reasignar recursos desde programas pequeños e inefectivos hacia otros de mayor impacto, basados en transferencias monetarias a las familias, cuidando siempre los incentivos al empleo formal (como un impuesto negativo al ingreso).

Por último, las propuestas evidencian que hay espacio para recortar gasto social sin dejar de atender los desafíos sociales urgentes. En otras palabras, no se cuestiona el tamaño del Estado (27% del PIB), sino su ineficiencia, el despilfarro o, directamente, el fraude. Reducir licencias médicas injustificadas, mejorar la gestión hospitalaria, promover compras públicas más eficientes o disminuir la evasión del transporte público son todas medidas que apuntan a un mejor Estado, no a “cortar por cortar”. El desafío es grande: un Estado incapaz de entregar servicios de calidad termina debilitando la legitimidad democrática (Fukuyama et al. 2025).

El imperativo moral del Estado hoy es gastar mejor, no seguir subiendo impuestos. Con el informe ya en manos del nuevo ministro de Hacienda y la Ley de Presupuestos 2026 ad portas de ingresar al Congreso, el gobierno tiene una oportunidad única de avanzar en reformas que no pueden seguir esperando. Para ello necesita altura de miras y sentido de urgencia: las ventanas son pocas y la tarea, sin duda, trascenderá a su mandato.

Por Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal