Existe una imagen del Estado que ha acompañado a las democracias durante buena parte del último siglo. La de un gobierno que identifica un problema, diseña una política pública, aprueba una ley y moviliza a la administración para resolverlo. Es una visión ordenada, jerárquica y lineal del poder, donde el Estado ocupa el centro y los demás actores ejecutan o reciben sus decisiones.

Esa imagen, sin embargo, describe cada vez menos la realidad. Las sociedades del siglo XXI son mucho más complejas que las del pasado. El conocimiento ya no está concentrado en el Estado, la innovación ocurre en universidades y empresas, los municipios gestionan buena parte de las demandas cotidianas de la ciudadanía, las organizaciones sociales participan en la implementación de programas públicos y los organismos internacionales influyen crecientemente en áreas tan diversas como infraestructura, transición energética, seguridad o transformación digital.

Paradójicamente, mientras los problemas públicos requieren una coordinación cada vez más amplia, muchos gobiernos siguen actuando bajo una lógica diseñada para un mundo que ya no existe. Se continúa pensando que gobernar consiste, principalmente, en decidir desde el centro del poder. Pero el verdadero desafío ha cambiado. Hoy gobernar consiste, sobre todo, en coordinar.

La diferencia no es menor. Decidir implica ejercer autoridad. Coordinar exige construir confianza, compartir información, alinear incentivos y generar capacidades para que instituciones distintas avancen hacia un mismo objetivo. Una decisión puede adoptarse en una oficina. La coordinación, en cambio, requiere liderazgo, acuerdos y una arquitectura institucional capaz de integrar actores con intereses y responsabilidades diferentes.

Los ejemplos abundan. Ninguna estrategia seria de seguridad puede depender exclusivamente de un ministerio. Requiere policías, fiscalías, municipios, tribunales, servicios sociales y comunidades organizadas. Lo mismo ocurre con la reactivación económica o la formación de capital humano. Son desafíos que exceden las competencias de cualquier institución aislada.

En este nuevo escenario, la calidad de un gobierno ya no debería medirse únicamente por la cantidad de leyes que impulsa o por el número de anuncios que realiza. Debería evaluarse, cada vez más, por su capacidad para articular voluntades, integrar capacidades dispersas y transformar esa coordinación en resultados concretos para las personas.

Este cambio también obliga a repensar el propio Estado. La pregunta que comienza a imponerse es, si está organizado para gobernar una sociedad donde el poder, el conocimiento y los recursos están distribuidos entre múltiples actores.

La respuesta todavía parece incompleta. Buena parte de nuestras instituciones continúan operando con estructuras verticales, compartimentos estancos y sistemas de información que rara vez dialogan entre sí. Mientras tanto, los problemas avanzan con una velocidad que supera la capacidad de coordinación del aparato público.

Quizás el gran desafío institucional de las próximas décadas no sea crear más organismos ni concentrar más atribuciones. Será construir un Estado que sepa conectar. Un Estado capaz de coordinar ministerios con gobiernos regionales, municipios con universidades, empresas con comunidades, sector público con sociedad civil. En otras palabras, un Estado que entienda que gobernar ya no consiste solamente en ejercer autoridad, sino en hacer posible la acción colectiva.

Las democracias del futuro probablemente no serán recordadas por el tamaño de sus administraciones ni por el número de reformas que aprobaron. Serán evaluadas por algo mucho más exigente, su capacidad para movilizar el talento de toda la sociedad en torno a un propósito común. En ese escenario, la coordinación dejará de ser una función administrativa para convertirse en la principal capacidad estratégica del Estado.

Por Aldo Casinelli Capurro, director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile