Graves irregularidades en fondos para educación

Un reportaje publicado en este medio relevó la situación existente en la educación escolar de la comuna de Tierra Amarilla en la Región de Atacama, que al igual que en el resto del país ha debido enfrentar las consecuencias del confinamiento por la situación de pandemia, pero que en este caso se suma a muy deficientes indicadores educacionales. El cuadro se ve especialmente agravado considerando que hay más de $ 11.290 millones -correspondientes a la Subvención Especial Preferente- que se perdieron entre 2014 y 2017, y que en estos momentos es materia de investigación por parte del Ministerio Público. Una situación que también ha dado lugar a sumarios administrativos por parte de la Contraloría General de la República, atendidas las irregularidades detectadas.

Con todo, y aun cuando es el monto más abultado, no se trata de un caso aislado. Son varios los municipios y corporaciones municipales de educación respecto de los cuales el Consejo de Defensa del Estado tiene 41 causas abiertas por eventual malversación de fondos fiscales correspondientes a programas de educación por un monto que supera los $ 41.800 millones. Es preocupante que recursos que están destinados a apoyar la educación de alumnos prioritarios y preferentes -pertenecientes a los segmentos más vulnerables-, renovación de equipamiento y mobiliario tanto en liceos como en escuelas o bien para infraestructura educacional, se dilapiden o desvíen de sus objetivos. Dichos fondos han sido establecidos precisamente para otorgar mejores condiciones de educación a los segmentos más postergados y atenuar las amplias brechas sociales que aún existen, por lo que su malversación, más allá de sus efectos administrativos y penales, genera consecuencias directas en el desarrollo de los menores.

Junto a ello, especial connotación tiene la insuficiencia en los mecanismos de control existentes a nivel local, lo que en el tiempo ha posibilitado tales irregularidades. La transparencia en las entidades municipales resulta fundamental, como reiteradamente se ha hecho ver, y donde se ha acusado deficiencias en esta materia, que impiden evaluar el adecuado servicio y una mejor trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

Hoy, que se está desarrollando la nueva institucionalidad en la educación pública a través de los Servicios Locales de Educación Pública y en que los recintos educacionales están siendo gradualmente traspasados por las municipalidades, es fundamental despejar cualquier duda sobre las condiciones y manejo que se ha hecho de las asignaciones a los programas y desarrollar una más acuciosa fiscalización y labor preventiva por parte de la Superintendencia de Educación.

Estos lamentables episodios son también un recordatorio de que considerables aumentos del gasto público no garantizan que con ello se cumpla su finalidad social si a la par no va aparejado un mayor control y rigurosidad en la evaluación de los programas, y desde luego tampoco ayuda a la causa de la descentralización el que tantos municipios hayan mostrado incompetencia para el manejo de recursos.