Es evidente y sano que un proyecto de ley como el de Reconstrucción Nacional sea ampliamente debatido, así como lo es que las visiones políticas sean opuestas entre los partidos e incluso que se expresen con vehemencia.

Lo que está en juego, ni más ni menos, es un cambio profundo del paradigma que nos ha regido por décadas. Desde un sistema decadente, restrictivo en materia de iniciativa económica e inversión, políticamente desacreditado, plagado de actores resentidos y corruptos que en los últimos cuatro años vaciaron al Estado no solo en sus arcas sino en su capacidad de conducción, estamos próximos a cambiar de manera radical el “orden social deseable”. Es decir, aquella estructura social, política y económica diseñada para satisfacer las necesidades generales y fomentar el bien común de manera sostenible, y en que el marco en que se desarrollan los particulares y el Estado convergen con altos estándares de ética tanto de los funcionarios públicos como de los particulares. Es lo que se denomina también un “estado social de derechos”.

Es en este contexto general que esperábamos con ansias la discusión del nuevo ideario político que se ofrecería al país. Sin embargo, una vez más hemos sido defraudados y se confirma porqué el nivel de desaprobación del Congreso por la ciudadanía es escandaloso. Los estudios de opinión revelan que no más de un 8% está conforme con su gestión. La desaprensión frente a las necesidades sociales, la ignorancia técnica, la superposición de intereses ideológicos por sobre los generales, han marcado nuestra convivencia desde el gobierno de Ricardo Lagos hasta ahora. El más dramático, sin duda, fue el intento de destruir las instituciones democráticas en la Convención Constitucional, haciendo pasar como expresión popular y legítima un estallido de violencia delictual y destrucción jamás visto. El ataque enconado en contra de los empresarios se ha hecho sentir en toda clase de proyectos de desarrollo, sometiéndolos a trabas y regulaciones insostenibles, y acarreando falta de oportunidades para muchos ciudadanos. La educación como aspiración es miserable pues, a pretexto de ser gratuita, resultó frustrante. Miles de estudiantes con ínfimas posibilidades de encontrar trabajo pueblan universidades gastando lo que no tienen. Reformas indispensables están paralizadas. El proyecto de Código que destraba las tramitaciones judiciales (entran a los tribunales más de un millón al año), lleva 10 paralizado, siendo esta una tragedia para quienes deben recurrir a los tribunales. Apenas asumido el actual gobierno, la consigna de los humillados en las elecciones pasadas ha sido oponerse a toda propuesta, sin importar el beneficio que apareje para las personas. No es de extrañar, entonces, como se está viendo con la Ley de Reconstrucción Nacional, que el Partido Comunista y sus aliados del Frente Amplio sean feroces adversarios, teniendo el tupé de presentarse como dogos guardianes del dinero público. El mismo que desfalcaron.

Muchos dicen que esto es como un circo. Puede ser. En todo caso no es “el circo de había una vez que nos alegraba el corazón”.

Por Álvaro Ortúzar, abogado