Es fundamental reconocer la realidad y hacerse cargo de estos hechos violentos que atentan a la propiedad privada y pública, cuyas consecuencias prácticas son precisamente contrarias al motivo principal por el que se ha venido manifestando la población: la desigualdad e injusticia social. Por ejemplo, incendiar el metro como respuesta, evidentemente no es la mejor solución, en consideración a que esto tiene como implicancia degradar aún más la calidad de vida de quienes transitan por nuestra capital y que incide, en efecto, en acrecentar las desigualdades de quienes no cuentan con un vehículo particular respecto de quienes sí lo tienen.

Por otro lado, es forzoso analizar de manera consciente por nuestras autoridades los motivos que han provocado esta ira y definir con precisión quiénes son los que la padecen al punto de ejecutar actos con secuelas autodestructivas.

Por esto es que no deja de asombrar cuando se habla con ligereza de este sujeto llamado "lumpen", a quien se le atribuye los incendios y saqueos como consecuencia de un actuar sin sentido, como si fuese el enemigo de la humanidad, una especie de invasor del que todos están en contra. En coro izquierda, centro y derecha se refieren a los marginales como integrantes de este grupo sin pensar siquiera, que tal vez su procedencia sea de este propio sistema desigual.

Desde donde nos corresponde como Sociedad Civil, debemos señalar que hace meses venimos ejecutando el Proyecto +R, un programa público-privado desarrollado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que con el constante apoyo de los empresarios y la academia viene a darle un vuelco a la manera de enfrentar la delincuencia. Las cárceles paulatinamente han dejado de ser sólo jaulas para que cumplan sus tiempos de condena ociosa los privados de libertad. Hoy se les entrega herramientas y oportunidades de sociabilización, capacitaciones técnicas y se les otorga un cupo laboral al conseguir algún beneficio de salida.

A pesar de todas las dificultades de la contingencia actual, estos últimos días inclusive y con la intermediación de la Sociedad Civil especializada en inserción social, como las fundaciones Paternitas y Cristo Vive, entre otras; alrededor de un centenar de usuarios ya capacitados que deben concurrir desde la cárcel a sus trabajos y desde sus trabajos a la cárcel han cumplido a cabalidad sus deberes y no han sido componentes de ese "lumpen" al que los voceros transversalmente se refieren.

Con esto, se propone invitar a los comunicadores a tener conciencia acerca de su rol. Las dificultades relacionadas a la discriminación que hemos intentado derribar para conseguir vacantes laborales a estas personas han sido abrumadoras pero deslegitimadas, en efecto, por la propia práctica. La delincuencia, principalmente ha sido fruto del prejuicio social proveniente no sólo desde nuestra clase política y empresarial, sino desde una desidia plurisectorial en la que cabemos todos.

En definitiva, con estas arbitrarias reflexiones se induce a una disuasión colectiva a brindarle oportunidades reales a los más vulnerables de nuestro país, quienes en general, ante la posibilidad de insertarse no dudan en actuar conforme a la ley.

Nuestro llamado es; particularmente en un período sensible de la Historia de nuestro país, a que las declaraciones se hagan -cualquiera sea el contexto- sin perder el cuidado de un tono y términos que apunten a la construcción de un nuevo pacto social equitativo, democrático e inclusivo, sin prescindencia ni denostación de aquellos que por estar privados de libertad no han podido siquiera reclamar sus derechos -evidentemente- vulnerados; en su mayoría porque nacieron donde lo hicieron, y que en cuyos casos, habiéndoles brindado la oportunidad de salir a la calle para trabajar han cumplido sus deberes laborales y ciudadanos.