Uno de los temas que ha marcado el debate público las últimas semanas ha sido el llamado a una Asamblea Constituyente como mecanismo para avanzar hacia una nueva Constitución. Algo que bajo el segundo mandato de Bachelet no prosperó, a nivel nacional, con una participación cercana a las 200.000 personas. Muchos de quienes participaron fueron, en su mayoría, funcionarios de gobierno y militantes de los partidos políticos que conformaban la Nueva Mayoría. Lo anterior con un desembolso no menor: más de $2 mil millones fueron destinados al proceso constituyente. Esa fue la apuesta del entonces gobierno para elaborar una nueva Constitución con un sello ciudadano.

Actualmente, y tras el estallido social, el tema vuelve a estar presente en la agenda pública como vía de solución pero, ¿Es necesario, o prioritario, pensar hoy en una nueva Constitución?

Sin lugar a dudas es un tema relevante, pero no necesariamente la metodología sea la más idónea. De hecho el gobierno del presidente Piñera está impulsando una atrevida agenda social, con sentido de urgencia, liderada por el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. Este último ha encabezado un trabajo de diálogo y encuentro con diversas organizaciones sociales, partidos políticos, entidades gremiales y sectores productivos como forma de levantar las prioridades ciudadanas de interés con especial foco en la clase media.

Si bien las encuestas dan cuenta que las personas, mayoritariamente, apoyan la idea de una nueva carta fundamental, lo cierto es que los temas de mayor interés para la gente no necesariamente pasan por un cambio de Constitución. De hecho, en el sitio web Chilecracia, se establece que las demandas sociales más votadas son: Pensión mínima igual o mayor al sueldo mínimo; Seguro universal de salud; Cárcel efectiva para delitos de colusión; Reducción contribuciones de adultos mayores vulnerables; Cárcel efectiva para delitos de soborno y cohecho; Reducción de la dieta parlamentaria; Reforma del Sename; Liminar el precio o la ganancia de medicamentos; Reducción del IVA a los medicamentos y la Creación del seguro de enfermedades catastróficas. En tanto, las menos votadas, son: Educación sobre uso de redes sociales; Aumento de edad de jubilación; Restringir la venta de alcohol en delivery, supermercados o por horario; Reducir número de provincias y Legalización de la marihuana.

Si observamos el tema más votado (pensiones) notaremos que, por ejemplo, aumentar éstas no pasa necesariamente por un tema Constitucional, sino más bien por recalcular la edad de jubilación. Actualmente las pensiones se calculan en base a un horizonte de 110 años. Si este margen fuera reducido a una expectativa de vida de 90 años (mucho más realista) las AFP deberían aumentar las pensiones en un 25% aproximadamente. Y, si los pensionados superarán los 90 años, el Estado tendría que hacerse cargo, a un costo mínimo. Ahora bien, como los recursos del Estado son finitos y las necesidades son ilimitadas, habría que generar una reforma tributaria que permitiera aumentar la recaudación fiscal. Por otro lado, tanto el seguro universal de salud como cárcel efectiva para delitos de colusión (como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos) bastaría con tramitar leyes en el Congreso, siempre y cuando nuestra alicaída clase política sintonice de una buena vez con las demandas y urgencias ciudadanas. Lo mismo ocurre con la disminución del pago de contribuciones de nuestros adultos mayores. En definitiva, lo que quiero plantear, es que si bien Chile necesita una nueva Constitución, construida y propuesta en Democracia, no necesariamente este tema es la solución a todos los problemas como se ha querido instalar por sectores de izquierda. Por otro lado la agenda social del gobierno, por sí sola, tampoco podrá dar abasto y respuesta a las problemáticas, ya sea porque los recursos son escasos o porque, simplemente, no existe voluntad política para resolver esta crisis. Debemos aprender de nuestra historia y recuperar la capacidad de recurrir a herramientas tales como el diálogo, los acuerdos y los consensos, anteponiendo siempre y en todo momento el bien común.

Ciertamente, mientras no tengamos políticos que sean capaces de escuchar y llevar a cabo su vocación pública poniendo a las personas en el centro, seguiremos entrampados, sin poder avanzar, hacia una sociedad con mayor equidad y justicia social.

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