Un inesperado efecto colateral que ha provocado la reforma constitucional que autorizó el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, es que ha permitido dimensionar la magnitud del drama social que reviste el masivo incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. En apenas unos días, las solicitudes para exigir la retención judicial de dichos fondos han superado las 467 mil, todo lo cual es indicio de que el sistema adolece de graves fallas y requiere urgentemente de una solución integral. No debe perderse de vista que dichos incumplimientos lesionan gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes se ven privados de un sustento básico que tratados internacionales y la propia ley les aseguran, además de un deber moral de los padres.

Aunque se trata de un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, solo ahora parece estar tomándose conciencia de que el 80% de las pensiones alimenticias -cuyos montos son establecidos por los respectivos tribunales- no se pagan o solo de manera parcial, lo que se traduce en una morosidad de unos $ 180 mil millones. Esta realidad perjudica a más de 70 mil niños, niñas y adolescentes, realidad que el país no puede seguir tolerando.

Nuestro ordenamiento jurídico ya establece una serie de medidas coercitivas a fin de asegurar el pago de dichas pensiones, entre las que se cuentan órdenes de arresto, impedimento para obtener la licencia de conducir, arraigo nacional o la no devolución de impuestos, pero pese a ello no es suficiente para desincentivar esta arraigada cultura del no pago. Un proyecto de ley presentado por el gobierno en marzo busca incluir a los deudores en el Boletín Comercial, un paso valorable pero que probablemente tampoco permitirá dar una solución de fondo.

Las razones que podrían explicar este fenómeno pueden ser múltiples, pero es posible que el factor más incidente sea que el propio país ha terminado naturalizado estas conductas irresponsables, esquivado abordarlo como un tema de primer orden. Algo similar es lo que ha ocurrido con los menores bajo la tutela del Sename, donde pese a a la vulneración de derechos fundamentales que implica el abandono, el maltrato o la temprana exposición con drogas, el sistema político continúa sin brindarle prioridad.

Es momento que tanto el Ejecutivo como el Congreso se aboquen a un estudio integral del problema y busquen las mejores soluciones legislativas para corregir esta anomalía. Junto con sanciones más efectivas se requiere también internalizar la necesidad de un profundo cambio cultural, en cuanto a la responsabilidad que conlleva la paternidad.

Es en este contexto donde resultan plausibles las iniciativas que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal que si existen deudas alimentarias el tribunal pueda exigir que con cargo al 10% del ahorro previsional se paguen dichas obligaciones, aun si el deudor se niega a retirar dichos fondos. La reforma constitucional que permite este rescate ya zanjó el debate si acaso esa porción de fondos debía tener como único fin un destino previsional. Con mayor razón se justifica disponer de estos recursos en la medida que existan obligaciones pendientes con los propios hijos, cuyo bienestar debería prevalecer por sobre cualquier otra consideración.