Improvisado adelantamiento de las vacaciones

Vacaciones escolares de invierno

La errática forma en que los ministerios de Salud y Educación han decretado el adelantamiento de las vacaciones de invierno no solo abre dudas sobre el manejo de la emergencia sanitaria, sino que otra vez se insiste como primera opción en fórmulas que perjudican a los alumnos y sus familias.



La decisión que adoptaron las autoridades de Salud y Educación en orden a adelantar y extender en una semana las vacaciones de invierno como forma de descomprimir la red asistencial -fuertemente saturada ante el aumento en la circulación de virus respiratorios que afectan sobre todo a la población infantil- ha dejado entrever descoordinaciones y procedimientos poco meditados, lo que además de poner en entredicho la pertinencia de una medida como esta, otra vez hace recaer el costo en los alumnos y sus familias, que nuevamente verán interrumpida la normalidad de las clases.

Sin perjuicio de que la actual situación sanitaria es compleja, llama la atención que no se haya podido anticipar mejor un escenario que desde hace tiempo se sabía sería complejo, pues era evidente que con el retorno de las clases presenciales la circulación viral aumentaría en los meses más fríos. En tal sentido, un primer punto a despejar es si la saturación que muestra la red asistencial se debe a un hecho de fuerza mayor, o si las capacidades no fueron reforzadas oportunamente, hipótesis que han planteado algunos expertos. Por otra parte, la información contradictoria emanada desde Salud y Educación respecto a si en la primera semana todos los colegios cerrarían, o si los de la red pública permanecerían abiertos, refleja improvisación y ha confundido a las familias.

Sorprende que dentro de la batería de medidas posibles, se haya optado por aquella tan drástica como adelantar las vacaciones y extenderlas por tres semanas, aplicándola a nivel nacional, tanto para establecimientos públicos y privados. La decisión se adoptó sin tomar en cuenta las distintas realidades sanitarias, que en algunos casos aconsejaría suspensiones solo de algunos niveles, o mantener la presencialidad si es que la red asistencial o los contagios no han excedido límites peligrosos.

Todavía más llamativo es que esta medida se haya adoptado sin contar con el acuerdo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, organismo creado bajo la actual administración que reemplazó al Consejo Asesor Covid-19. Entre los integrantes de dicha instancia no existía consenso respecto a la conveniencia de aplicar esta medida, pero aun así el gobierno optó por decretarla. La administración de Sebastián Piñera fue objeto de reiterados cuestionamientos por quienes hoy integran el gobierno, precisamente por no mantener un actuar coordinado con el entonces consejo asesor, por lo que sorprende que hoy se incurra en la misma actitud. Si a nivel de instancia asesora no existe aún pleno convencimiento, lo razonable habría sido avanzar con medidas graduales, de modo de ir midiendo su efectividad en el tiempo.

Pese a que el propio Mandatario había formulado el compromiso público de que las escuelas serían “las últimas en cerrar y las primeras en abrir”, tal promesa no se ha visto reflejada aquí, lo que desde luego abre serias dudas de que tal compromiso se mantenga en el futuro. El extenso período en que no hubo clases presenciales a raíz de las estrictas cuarentenas provocó daños quizás irreversibles en los procesos de formación y aprendizaje de toda una generación, además del enorme impacto que ello trajo en salud mental. De allí que sea un preocupante retroceso que se insista como primera opción en fórmulas de este tipo para enfrentar emergencias sanitarias.

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