En el trimestre mayo-julio de 2026 la desocupación alcanzó 9,5%, acumulando 43 meses consecutivos en 8% o más. El desempleo femenino suma cinco meses en 10% o más y, en un año, se destruyeron más de 145 mil empleos asalariados formales del sector privado. Las personas quieren trabajar, pero la economía no está generando suficientes puestos de trabajo: el empleo crece impulsado principalmente por la informalidad y el subempleo.

El Estado ya está actuando. Desde el 15 de julio opera la Línea de Activación Laboral, que subsidia hasta el 50% de un ingreso mínimo mensual por cada hombre contratado y el 60% por cada mujer durante cuatro meses. A partir del 1 de octubre comenzará a regir el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), creado por la Ley N° 21.808, que reemplazará tres programas e incorporará incentivos tanto para empresas como para trabajadores. Durante su primer año entregará un subsidio equivalente al 20% de la remuneración bruta al empleador y al 10% al trabajador, con flexibilidad para modificar esa distribución manteniendo un apoyo total de 30%.

En este escenario, el desafío no es crear un tercer subsidio, sino perfeccionar esta nueva arquitectura en tres ámbitos.

Primero, fortalecer la adicionalidad y la permanencia. El SUE ya exige que la empresa no haya mantenido una relación laboral con la misma persona durante los doce meses anteriores y contempla pagos escalonados para incentivar la continuidad. Son resguardos valiosos, pero no aseguran más empleo total: podría subsidiarse una contratación que habría ocurrido igualmente, o un simple reemplazo de trabajadores. Los incentivos fiscales al empleo deben condicionarse a un incremento neto de la dotación formal respecto de un período de referencia. Además, parte del beneficio podría pagarse solo si la relación laboral permanece vigente a los seis o doce meses. No basta con contratar: importa retener.

Con todo, aunque premiar los aumentos netos de dotación es deseable, implica mayor necesidad de fiscalización e imponer requisitos de prueba y entrega de información a los empleadores, lo que puede elevar la carga administrativa. Si acceder al beneficio resulta más costoso que el propio subsidio, el instrumento perderá efectividad. En consecuencia, es necesario que los mecanismos para verificar el cumplimiento de requisitos sean expeditos, idealmente a través de la integración de los sistemas de información, evitando que las empresas desistan de su uso.

Segundo, si bien el SUE tiene elementos de flexibilidad, es factible perfeccionar los incentivos al empleo en este aspecto. Aunque en periodos normales se debe apuntar a premiar los aumentos netos de dotación, resulta crucial otorgarles flexibilidad para que, en episodios complejos en materia laboral, como el actual, puedan extenderse a trabajadores ya contratados, dado que en estos contextos es valioso que también permitan retener empleo. Para evitar los altos costos sociales que generan las respuestas tardías, el esquema debiera contemplar mecanismos de activación automática, gatillados por indicadores objetivos como una destrucción significativa del empleo formal privado o un incremento de la tasa de desempleo sobre determinados umbrales.

Tercero, evaluar impacto, no solo operación. La ley contempla informes periódicos sobre el funcionamiento del SUE, pero eso no equivale a medir causalmente sus resultados. Hay que estimar empleos adicionales creados, su duración, el costo fiscal por puesto neto y si el subsidio desplazó trabajadores o se absorbió en menores remuneraciones.

Los subsidios al empleo no reemplazan el crecimiento, la inversión, mayor productividad laboral ni mejor intermediación laboral. Chile ya dispone de una base institucional que puede perfeccionarse: exigir aumentos efectivos de dotación, flexibilidad en los instrumentos para que se activen automáticamente mecanismos de respuesta ante situaciones de crisis laboral y evaluar resultados. Crear una vacante es solo el primer paso; el verdadero éxito consiste en que ese empleo perdure.

Por Juan Bravo, director OCEC UDP; y Mauricio Villena, decano FAE UDP