Tan importante como asegurar que el próximo plebiscito constitucional se pueda llevar a cabo en condiciones seguras -considerando el trastorno que ha provocado la pandemia-, tal que se pueda asegurar el máximo de participación, es también fundamental procurar que todo lo que siga a continuación del referéndum mantenga en alto el interés ciudadano por involucrarse en el proceso. Sería muy contraproducente que todo terminara una vez más en manos de los partidos políticos, y se reprodujeran las mismas lógicas de polarización que hoy dominan el Congreso.

Por ello resulta fundamental que las candidaturas independientes cuenten con el máximo de facilidades para poder desplegarse, y no dependan para ello de la voluntad de los partidos o que producto de trabas burocráticas su inscripción se pueda ver dificultada. Sin embargo, tal cual está hoy día diseñado el sistema electoral, existe un alto riesgo de esta cooptación partidaria. Restando solo cuatro meses para el cierre de la inscripción de candidaturas ya sea ante la Convención Mixta o la Convención Constitucional -eso en la medida que triunfe la opción “Apruebo”- es indispensable que el gobierno así como el Servicio Electoral -también los partidos políticos- se agilicen para remover aquellas trabas que hoy dificultan la inscripción de independientes.

La reforma constitucional aprobada en marzo para incorporar a los independientes al proceso estableció que en una lista integrada por candidaturas independientes cada una de ellas debe contar con el patrocinio de al menos el 0,4% de los electores no adscritos a partidos que hayan votado en las últimas elecciones de diputados en el distrito correspondiente. Si bien la exigencia es algo menor de lo que se exige para una candidatura al Parlamento, el hecho de que los patrocinantes deban concurrir presencialmente a una notaría para certificar su firma constituye una cortapisa que la mayoría no podrá cumplir. No solo por el costo que involucra este trámite, sino porque en el contexto de pandemia es previsible que muchos encontrarán dificultades para el desplazamiento.

En principio el Servel cuenta con las atribuciones para determinar que los ciudadanos que patrocinen independientes lo puedan hacer directamente en el sitio del organismo, utilizando su clave única o mediante firma electrónica avanzada, tal como hoy se puede hacer para afiliarse a partidos en formación o bien para deslistarse de aquellos en extinción. Pero si ello no fuera posible producto de alguna restricción legal, entonces el Congreso y el gobierno deberían mostrar voluntad política para enmendar rápidamente este punto, y así facilitar las cosas. Parecería incomprensible que en una era en que deberían aprovecharse al máximo las facilidades que proveen las nuevas tecnologías, dichas ventajas no sean incorporadas.

No se trata de que los independientes carezcan de exigencias, sino de bajar el costo para que puedan competir en mayor igualdad con los partidos políticos. Después de todo, es muy relevante que una futura instancia constituyente se vea enriquecida con múltiples puntos de vista, y no solo con los que interesen a los partidos. La lógica en que ha caído nuestra política está fuertemente permeada por la polarización e intransigencia, dificultando la posibilidad de alcanzar acuerdos; voces independientes podrían jugar un rol más estabilizador, y en la medida que sean figuras competitivas colocarían más presión a los propios partidos para mejorar el estándar de sus propias candidaturas. La eclosión de la sociedad civil en los últimos años -con una proliferación de centros de pensamiento, ONG y de figuras proveniente de la academia- exigen que sus representantes encuentren las más amplias facilidades para participar de un evento único en nuestra historia reciente.