SEÑOR DIRECTOR:
Tal como se publicó hace unos días en La Tercera, sabemos que el abuso sexual infantil, cuyas denuncias aumentaron en 2022 en un 42% respecto al año pasado (más del doble en comparación con 11 años atrás), es una vulneración grave de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, constituye una de las peores formas de maltrato infantil, ya que aparte del acto sexual implica abuso psicológico, físico, de conciencia y de poder, entre otros.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas acaba de publicar un informe llamado “Principios del 8 de marzo”, donde se propone la despenalización de la actividad sexual para toda edad y género, incluyendo las relaciones entre adultos y niños. Lo anterior se plantea desde la capacidad de consentir y de participar activamente en las decisiones que tienen los niños, sin hacer referencia al rol protector que deben tener las familias o adultos significativos en términos de su autonomía progresiva.
Si la evidencia muestra que el 70% de los abusadores sexuales provienen del entorno familiar del niño, y cerca de un 20% proviene de su entorno cercano, ¿cómo definimos consentimiento si quien abusa es un ser querido o de confianza? ¿Quién define si el consentimiento de una niña hacia el abuso de su padre es válido? ¿Cuál es el castigo para los adultos que incumplen su deber de protección hacia los niños que tienen a cargo, engañándolos para obtener su consentimiento?
Como país hemos avanzado enormemente en el estudio, la intervención, la penalización e incluso en la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, ya que sabemos que tiene consecuencias permanentes en la vida de quienes sobreviven a este delito. Esperamos no volver atrás en este ámbito por una opinión de “expertos” que, al parecer, no conocen el calvario que viven las víctimas.
Francisca Díaz
Blanquita Honorato
Fundación Candelaria Apoya
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