A menos de dos semanas de que la reforma constitucional que autoriza el segundo retiro de fondos previsionales fuera promulgada, y cuando las administradoras recién están iniciado el proceso de pago, se ha presentado ante la Cámara de Diputados un tercer proyecto para permitir un nuevo rescate, sin pago de impuestos y por un tope de 150 UF. De acuerdo con la fundamentación de la moción, ésta se encuentra plenamente justificada por la incapacidad del gobierno para proveer de ayudas efectivas a las familias afectadas por los efectos de la pandemia, replicando los argumentos que sustentaron los retiros anteriores, pero sin evidencia que lo avale.

Están quedando a la vista las consecuencias de la política-espectáculo y la irresponsabilidad de parte de parte importante de la clase política, que sin pudor se ha entregado a pulsiones populistas, buscando réditos electorales a costa de causar un daño profundo a la institucionalidad y al propio sistema de pensiones. Era evidente que una vez que se dio el paso para echar mano de los fondos de pensiones por la vía de reformas transitorias a la Constitución -para obviar la iniciativa exclusiva que en esta materia pertenece al Presidente de la República-, no resultaba creíble que estos retiros serían algo excepcional y “por una sola vez”.

Es por ello que el pronunciamiento que debería emitir el Tribunal Constitucional (TC) -conociendo de un requerimiento que presentó el gobierno con motivo de la moción de segundo rescate originado en la Cámara Baja- será fundamental para zanjar si este tipo de prácticas son procedentes y qué quórum aplicaría en estos casos. Pero más allá de cómo resuelva el TC, los parlamentarios no pueden eludir la responsabilidad que les cabe en cuidar la estabilidad institucional y velar por una robusta disciplina fiscal, objetivos incompatibles cuando se insiste en iniciativas que erosionarán las futuras pensiones e introducirán una carga fiscal insostenible, tal como el consenso de las voces expertas ha diagnosticado.

Las primeras reacciones de parlamentarios oficialistas y de oposición han sido en general de rechazo a este nuevo proyecto o bien de frialdad, sin perjuicio de que algunos han manifestado su abierto apoyo, sin ocultar que seguirán promoviendo retiros mientras no se lleve a cabo una profunda reforma al sistema de pensiones, que acabe con las AFP y con la capitalización individual. Aun cuando es valorable que esta propuesta no haya encontrado eco, hay razonables dudas de si los parlamentarios serán capaces de sostener esta postura y no ceder ante la presión que se hará sentir para un tercer rescate. Cuando ya se ha cedido en dos oportunidades, incluso con el propio Ejecutivo consintiendo en un retiro de fondos previsionales presentando para estos efectos su propia propuesta, es inevitable que se resienta la confianza en las instituciones para contener los populismos y la credibilidad del Congreso esté en entredicho, lo que de suyo es una señal muy preocupante.

Por ello, y aun cuando los dos rescates ya han generado un daño permanente al sistema de pensiones, cuando menos sería una señal alentadora que desde el Legislativo se cerrara la puerta en forma definitiva a un nuevo retiro y se concentre en el diseño de ayuda a las familias con cargo a fondos de la nación.