Preocupa que la trama política de la comuna de San Ramón haya alcanzado a contaminar la manifestación del voto ciudadano, tal como lo constataron recientemente los tribunales electorales. A un relativo descontrol del narcotráfico en un número muy significativo de barrios del país se ha ido sumando la fundada sospecha de que también está permeando algunas estructuras políticas. Pero la hipótesis de que este fenómeno pudiera llegar hasta la distorsión del ejercicio del voto ciudadano probablemente no estaba en el radar de ninguna autoridad.

Ante este escenario es indispensable diseñar barreras institucionales que impidan, o hagan muy difícil, que las autoridades políticas, candidatos o actores públicos sean capturados o busquen financiamiento proveniente del narcotráfico. Y, por cierto, debe ser una llamada de alerta para fortalecer el control de los procesos eleccionarios que pareciera no están del todo a salvo del largo brazo de este flagelo. Estos desafíos implican, entre otros aspectos, tener trazabilidad de los dineros que circulan desde fuentes evidentemente sospechosas, puesto que la penetración del narcotráfico utilizando como “pantalla” la actividad empresarial es el detonante para su expansión casi sin control en todas las capas de la institucionalidad nacional.

Llama la atención que gracias a la tenaz fiscalización y permanente denuncia por parte de un concejal de la Democracia Cristiana durante casi cuatro años, se haya podido revelar parte importante de esta trama que, según investigaciones periodísticas y particularmente la que adelanta el Ministerio Público, abarcaría tráfico de influencias, cohecho, lavado activos y malversación de caudales públicos. Por una parte, ello habla bien del correcto ejercicio fiscalizador llevado a cabo por una autoridad local. Pero, por otra, refleja cierta debilidad de los aparatos de inteligencia policial y una actividad algo tardía de fiscalías especializadas en la detección y persecución de delitos de alta complejidad que horadan gravemente la fe pública.

No es la primera vez que se persiguen delitos de las características por los que será formalizado el actual alcalde de San Ramón, así como un concejal que está en prisión preventiva luego de intentar huir del país con destino a Canadá, y un excolaborador del alcalde. Tampoco es la primera ocasión en que se invalida una elección por fraude electoral en elecciones de autoridades locales, así como tampoco lo es que se hayan anulado los votos de una comuna en elecciones nacionales de un partido político. Lo llamativo es que en pocos años se acumulen en la comuna más pequeña de la Región Metropolitana todos estos hechos, teniendo siempre como protagonista a su máxima autoridad comunal.

Al anular la justicia electoral un porcentaje relevante de las mesas receptoras de votos, lo ha hecho en la convicción de que allí no se respetó el principio del voto libre, exento de toda coacción. Parece un hecho que también se tuvo presente en la resolución el contexto en que se desarrolla la actividad política en dicha comuna desde hace años, donde ha sido notorio el clientelismo. Es indispensable que se aclaren todos los hechos que han salido a la luz pública, y asegurar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de los electores.