Irresponsable uso de las acusaciones constitucionales

Hay un grave daño para la institucionalidad cuando esta herramienta se usa para desestabilizar a un gobierno, o para socavar la independencia del Poder Judicial.



Esta semana, la Cámara de Diputados dio curso a la acusación constitucional en contra de una jueza integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que en 2016 presidió la comisión que concedió la libertad condicional a quien hoy figura como el principal sospechoso de haber dado muerte a la menor Ámbar Cornejo. La acción -impulsada por un grupo transversal de diputados- se suma a la larga lista de acusaciones que la oposición ha llevado a cabo durante la presente administración, todo lo cual no ha hecho sino polarizar un ambiente de suyo enrarecido y desnaturalizar una herramienta de fiscalización que entrega la Constitución.

Desde 2018 se han impulsado siete acusaciones de este tipo, tres de las cuales han sido contra ministros de Estado -una de las cuales, la que afectó al exministro del Interior Andrés Chadwick, fue aprobada una vez que éste ya había abandonado el cargo-; dos contra integrantes del Poder Judicial -además de la magistrada de la Corte de Valparaíso, también hubo un intento contra tres jueces de la Corte Suprema relativo a un fallo de derechos humanos-, e incluso se intentó destituir al propio Presidente de la República, cuya acusación en la Cámara de Diputados fue desechada por escaso margen, marcando un hito en nuestra historia republicana. También se intentó remover al intendente de la Región Metropolitana. A todo ello cabe agregar el intento de destitución del Fiscal Nacional, procedimiento que parlamentarios del Frente Amplio llevaron a cabo sin éxito ante la Corte Suprema. En evaluación está una posible acusación que impulsa la Democracia Cristiana en contra del actual ministro del Interior -por su manejo del reciente paro camionero-, y no se ha descartado que el extitular de Interior, Gonzalo Blumel, así como el exministro de Salud, Jaime Mañalich, también puedan ser objeto de esta acción.

Es un despropósito que en poco más de dos años y medio un total de doce personeros hayan sido o estén en vías de ser acusados constitucionalmente, y aunque el expediente de esta acción no es infrecuente -entre 1990 y 2018 hubo cerca de 25 acusaciones, la mayoría sin éxito-, la frecuencia de su invocación y los motivos esgrimidos están sentando peligrosos precedentes para la estabilidad institucional, partiendo por lo temerario que resulta haber acusado al propio Jefe de Estado, sin medir las consecuencias de la profunda crisis política que se podría haber provocado en caso de haber prosperado.

La acusación constitucional es una medida de ultima ratio, que tiene por objeto hacer efectivas responsabilidades frente a hechos de especial gravedad, como dejar sin ejecución las leyes o comprometer gravemente la seguridad nacional. Pero en la medida que la oposición -valiéndose de su mayoría parlamentaria- parece haberse empecinado en la destitución de autoridades como forma de asestar un daño político y forzar al gobierno a renunciar a su propio programa, la consecuencia inevitable es el deterioro del clima político y un socavamiento de las bases mismas de la democracia.

Este frenesí ya no solo se limita a desestabilizar a un gobierno, sino que además ha traspasado abiertamente los límites que la Constitución fija a cada poder del Estado, con lo cual está germinando un conflicto institucional. Así ocurre cuando los parlamentarios han entrado a cuestionar los fundamentos de resoluciones judiciales que no coinciden con sus propias expectativas. Acertadamente, la vocera de la Corte Suprema ha señalado que la apertura de un expediente en contra de una de las juezas que intervino en el “caso Ámbar” constituye un “grave atentado al valor de la independencia judicial”, pues al estar débilmente fundamentado el cargo de notable abandono de deberes, entonces lo que se desprende de esta acción es el intento de cuestionar un fallo, todo lo cual envía la preocupante señal de que la judicatura se podría ver coaccionada por consideraciones de orden político, lo que atenta contra el sentido mismo de la Justicia, que por esencia debe observar el principio de imparcialidad.

El país vive momentos críticos a raíz de la pandemia, lo que exige que los legisladores destinen sus energías a contener los efectos de esta emergencia. No resulta explicable que cuando varios de los proyectos de la llamada Agenda Covid siguen pendientes de aprobación, la Cámara de Diputados se distraiga en impulsar acusaciones constitucionales. Ello resulta aún menos entendible cuando el país se encamina a iniciar un proceso constituyente, justamente con el objetivo de aplacar la exacerbación que hoy cruza el ambiente político. Poco se logrará si los propios poderes del Estado entran en un espiral de enfrentamiento.

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