La mayoría de los países del mundo tienen jefes de Estado o de gobierno que profesan alguna religión. En algunos casos, incluso es una obligación. No es algo nuevo: cerca del 80% de la población mundial se identifica con alguna fe, por lo que resulta natural que sus líderes también lo hagan.

El problema surge cuando esos líderes legislan o gobiernan en nombre de la religión. En Chile, esa confusión ha sido recurrente. Se han usado argumentos religiosos para oponerse al divorcio, luego al matrimonio igualitario, y hoy se repiten frente a la eutanasia o los vientres de alquiler. Se invoca la voluntad de Dios para impedir que otros vivan conforme a sus propias preferencias, como si la libertad fuera un privilegio reservado a ciertas formas de vida. Pero el Estado no está para custodiar dogmas, sino para proteger libertades y derechos.

En Chile hemos tenido presidentes católicos que han entendido la separación de la iglesia y el Estado. Han usado su fe como una brújula moral que modera impulsos y forma conciencia, sin convertirla en un programa de gobierno. Ese fue el caso de Sebastián Piñera, que durante sus mandatos impulsó campañas para aumentar el uso de preservativos y promulgó la ley de identidad de género. Lo guiaron valores cristianos universales como la justicia social y el amor al prójimo, pero no los dictámenes de la Iglesia.

En las antípodas se encuentra José Antonio Kast, que ha transformado sus creencias religiosas en criterios de decisión política. El 28 de marzo de 2023, por ejemplo, dijo: “primero soy católico, después político”. En la misma entrevista agregó que la secularización de la sociedad era “grave”, pues corría el riesgo de alejar la fe de la acción política. En otra ocasión agradeció a los Reyes Católicos la evangelización de América.

La política necesita ética y convicciones; no teología y dogmas. Kast parece pertenecer a ese segundo grupo. En 2004, cuando votó en contra del divorcio en Chile, declaró: “A partir de esta eventual ley comenzaremos a vivir en Chile una lucha permanente en el campo de los valores morales, y será necesario, ahora más que nunca, que aquellos que se dicen cristianos se atrevan a defender sus principios e ideales. Si no, como decía Jaime Guzmán, iremos entregando cobardemente terreno a quienes piensan la vida y el mundo al margen de Dios”.

Cuando pienso en un futuro gobierno de Kast, me pregunto: ¿qué pasará con la distribución de anticonceptivos en los consultorios?

Detrás del “Gobierno de Emergencia” que Kast propone (y que a muchos nos seduce) hay un candidato profundamente conservador, que en lugar de gobernar podría sentirse tentado a evangelizar. Existe un riesgo —del cual los votantes deben ser conscientes— de que su religión se convierta en una imposición sobre la forma de vivir de los demás.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal