El gobierno ha anunciado un proyecto de ley para introducir una Pensión Garantizada Universal (PGU) financiada por el Fisco, en reemplazo del actual Pilar Solidario del Sistema Previsional. Esta PGU, correspondiente a $185.000 mensuales, sería otorgada a todos quienes tengan 65 años o más, estén activos o pensionados, si están en el 80% de menores ingresos en la población, lo que corresponde a aquellos hogares con ingresos mensuales hasta $622.000 por persona en el grupo familiar. Para quienes pertenecen a hogares con ingresos entre $622.000 y $1 millón por persona en el grupo familiar, la pensión sería menor, y no podrían acceder a ella solo quienes pertenecen al decil de mayores ingresos en el país.

El concepto de pensión universal ha generado un apoyo creciente en el tiempo. Por una parte, garantiza que todas las personas lleguen a la vejez con el mínimo de ingresos que les evite una situación de pobreza. Luego, porque asegura ese apoyo, abre el espacio para el desarrollo sano de un Pilar Contributivo (donde las cotizaciones individuales financian pensión adicional a la PGU) bien definido, orientado a maximizar la rentabilidad de los ahorros previsionales y el nivel final de las pensiones de vejez. Además de mejorar y extender los beneficios previsionales, la PGU tiene la ventaja de no desincentivar el ahorro previsional en el pilar contributivo del sistema, ni el trabajo de personas en edad de jubilar pero que desean seguir activas, pues se otorga sin condiciones a personas retiradas o aun trabajando y en forma enteramente adicional a ingresos de cualquier otro origen.

El problema con la PGU, por supuesto, está en su costo. El gobierno ha estimado que esta propuesta incrementaría el costo anual de financiar el Pilar Solidario en US$ 3.200 millones (pasando desde US$ 3.600 millones hasta los US$ 6.800 millones) o en el equivalente aproximado a 1% del PIB. También, ha indicado que la casi totalidad del costo fiscal adicional quedaría cubierto por su propuesta de eliminación de exenciones tributarias, pensada originalmente como fórmula para financiar sus propuestas previsionales previas, y que se buscarían ajustes tributarios adicionales para el saldo por financiar.

Introducir la PGU, sin embargo, tiene un gran impacto financiero y requiere de análisis muy profundo. Hoy se discute la necesidad de acometer una amplia gama de iniciativas sociales que demandarían recursos públicos y, sin duda, dentro de esta discusión general parece existir un alto grado de consenso en que deben ocurrir correcciones mayores y urgentes en torno a las pensiones de vejez. En este contexto, la propuesta de PGU incorpora correcciones importantes en el nivel de beneficios previsionales que hoy se otorgan a los beneficiarios del Pilar Solidario y agrega una extensión amplia de dichos beneficios para cubrir en igualdad de condiciones a todos quienes estén en el 80% de menores ingresos en el país, y en grado menor, a quienes son superados en ingresos solo por un 10% de la población.

Se trata, entonces, de un paso importante en el tránsito desde una política previsional que focaliza el gasto fiscal en sectores de mayor pobreza hacia un enfoque de cobertura más “universal”, lo que representa una demanda adicional por recursos públicos. Debe considerarse especialmente, al plantear la “universalización” de las pensiones de vejez, que en 30 años el peso de los mayores de 65 años en la población va a estar cercano a duplicarse, lo que hace que la situación fiscal sea particularmente sensible a definiciones en esta área.

Parece entonces necesario que la PGU, que también está siendo impulsada por ambas candidaturas presidenciales, y que tiene múltiples aspectos positivos, sea discutida en el contexto del proceso más amplio de revisión de los niveles y prioridades en materia de gasto fiscal en que parece estar embarcado el país. En ese marco de responsabilidad con los recursos públicos, corresponde dimensionar bien los costos de corto y largo plazo de esta iniciativa, y en función de ello ver cómo se va a financiar y qué otros gastos deberán ser recortados o suprimidos, considerando que la PGU debería ser una política prioritaria.

Un avance desaprensivo en la dirección de incrementar los compromisos fiscales puede conducir a desequilibrios financieros o cambios drásticos en la estructura tributaria, situaciones ambas que afectarían muy profundamente las posibilidades de desarrollo del país.