La casta

NOTARÍAS



¿Puede, en una democracia, el interés de una ínfima minoría imponerse sobre el de la inmensa mayoría?

La respuesta es sí, y el mejor ejemplo es el de los notarios.

Es una casta de privilegiados. Y sus privilegios nos cuestan caro, como ha demostrado, en un contundente informe, la Fiscalía Nacional Económica. Apenas 330 individuos, el 0,0019% de la población, acumulan rentas por 61 millones de dólares anuales, las que nos cuestan a nosotros (al restante 99,9981%) al menos 138 millones de dólares en ineficiencias y rentas monopólicas.

Según los cálculos de la fiscalía, un cambio de sistema haría que el costo de las gestiones cayera a un 5% del actual. Un trámite que hoy, sumando aranceles, transporte y tiempo perdido, nos quita $ 3.000, pasaría a costarnos apenas $ 150.

Es que los notarios son los felices habitantes de un nirvana comercial. Tienen un público cautivo, forzado por ley a contratar sus servicios. Operan en un monopolio legal, porque la competencia está prohibida. Y cobran lo que quieren, porque se sientan impunemente sobre los aranceles fijados por el Ministerio de Justicia.

Así es; los supuestos guardianes de la fe pública violan todos los días, a vista y paciencia de todos nosotros, los precios máximos. Una fotocopia legalizada no puede costar más de $ 500. Los notarios cobran $ 1.000 (según las boletas que emiten) o $ 3.000 (según encuesta a los usuarios). Por una declaración jurada, que no puede costar más de $ 500, se cobran $ 2.500.

Y lo hacen por un servicio que es una ficción. El «firmó ante mí» es, como lo sabe cualquier usuario, una burla; apenas el 16% de los encuestados por la fiscalía tuvo el privilegio de ver al notario que supuestamente certifica su identidad.

Las cortes de Apelaciones, que forman las ternas para designar notarios, y son las responsables por ley de controlar estas irregularidades, se negaron a entregar a la fiscalía información completa sobre los concursos y fiscalizaciones.

¿Qué esconden y a quién protegen los «ilustrísimos»? No es difícil entenderlo: los 330 notarios (tal como los archiveros y conservadores) han llegado hasta esos puestos gracias a sus contactos en el mundo del poder. Al menos 100 (según El Polígrafo) o 135 (según Bío Bío) de ellos son familiares directos de otros notarios o de altos funcionarios. Las mismas redes que les permiten ser designados les entregan impunidad ante la fiscalización y facilitan la defensa del sistema.

Estas investigaciones dibujan el árbol genealógico de una casta que incluye todas las relaciones imaginables: notarías heredadas de padre a hijo; notarios que son padres, hermanos, hijos o abuelos de otros notarios; familiares de ministros de las cortes; operadores de ministros que son nombrados por sus exjefes, y esposos, esposas, padres y tíos de parlamentarios.

Un tráfico de influencias que tuvo un nuevo hito con la creación de nuevas notarías por parte del gobierno anterior y escaló al paroxismo de la impudicia con la frustrada maniobra de la expresidenta Bachelet para nombrar al exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando. La expresidenta entregaba así un beneficio arbitrario, del cual usufructuar hasta los 75 años de edad, al fiscal que tuvo en sus manos decisiones claves sobre el futuro de su gobierno y de su familia.

¿Qué hacer? Las soluciones son obvias: primero, desentrañar la maraña burocrática (burro-crática, más bien) de trámites inútiles creados por el propio Estado para obligar a los ciudadanos a entregar más y más rentas a los notarios.

Luego, acabar los monopolios y convertir las notarías en una actividad de libre entrada, en que cualquiera que cumpla los requisitos pueda ejercerla. Sí: cualquiera. Incluso los que no sean parientes de un juez, no tengan santos en la corte ni favores políticos por cobrar. La modernización de las reglas y la libre competencia mejorarán el servicio, bajarán los precios y permitirán pasar de la tecnología del siglo XIX a la del XXI: identificación biométrica, firma electrónica y trámites on line.

Este diagnóstico no es nuevo ni original. Al menos 30 proyectos de ley se han presentado para reformar el sistema. El resultado: 30-0 para los notarios, que les ganan por paliza a los ciudadanos en el campo en que mejor se mueven: el lobby para frenar estos proyectos que todos los gobiernos prometen y ninguno se atreve a llevar adelante.

¿Será posible ahora? No es tan difícil. Basta un gobierno con la suficiente ambición de pasar a la historia rompiendo este sistema, que fuerce a los senadores y diputados a discutir una reforma profunda.

Los parlamentarios tendrían que votar, ante el ojo de la opinión pública, entre dos opciones: resguardar a una casta de privilegiados o favorecer el interés general de los ciudadanos.

Sería una votación muy ilustrativa para el 99,9981% de los chilenos.

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