La Democracia Cristiana y el plebiscito constitucional

Por Sebastián Hurtado, Universidad San Sebastián

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidió apoyar institucionalmente la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. No obstante, varios miembros del partido han manifestado su rechazo al proyecto constitucional.

El dilema actual de la Democracia Cristiana tiene varias similitudes con la situación posterior al triunfo de Salvador Allende en el voto popular de la elección presidencial de 1970. La DC debió determinar el voto de sus parlamentarios en la elección que debía tener lugar en el Congreso. La facción progresista quería votar por Allende sin condiciones, mientras que el ala más conservadora pensaba que el partido debía inclinarse por Jorge Alessandri. En medio de ambas posturas, la mayoría de los asistentes a una Junta Nacional del partido determinó que los parlamentarios democratacristianos votarían por Allende en el Congreso, con la condición de que la Unidad Popular se comprometiera a preservar y reforzar algunos principios del orden constitucional entonces vigente, que muchos DC creían amenazados por el proyecto revolucionario de la izquierda chilena. El resultado de esta negociación fue el Estatuto de Garantías Constitucionales, una de las últimas reformas a la Carta de 1925.

Algunas similitudes entre ambos fenómenos históricos son dignas de notar. En 1970, la Democracia Cristiana se la jugó por defender el orden constitucional no por una adhesión dogmática a un lenguaje específico, sino porque la mayor parte de su militancia entendía que el orden democrático de entonces estaba suficientemente resguardado por la Constitución de 1925. Este orden democrático era el que había permitido la consolidación de una sociedad pluralista y abierta como la chilena de entonces y se empalmaba con una historia republicana en la que actores de todo el espectro habían llegado a tener presencia sustantiva. Más específicamente, el orden constitucional vigente en 1970 había permitido que todas las fuerzas políticas del espectro llegaran en algún momento al poder. La DC, por ende, podía ver un interés corporativo evidente en la preservación del orden institucional, lo cual no era contradictorio con la posibilidad de implementar cambios socioeconómicos de gran profundidad, como había sido el caso de la Reforma Agraria y lo sería la nacionalización del cobre.

El proyecto constitucional actual echa por tierra algunos principios fundacionales de la historia republicana de Chile. Los casos más emblemáticos, mas no los únicos, son la plurinacionalidad, el debilitamiento del bicameralismo y la erosión del principio de división tripartita de los poderes del Estado. Todo esto no es una alteración de los principios de la Constitución del 1980, sino una transformación radical de la institucionalidad y nuestra comprensión común de la República.

La historia exitosa de la Democracia Cristiana tuvo lugar cuando el partido y sus líderes más renombrados defendieron un orden político identificado y en continuidad con la historia de expansión democrática de la República. Así fue en los sesenta, cuando las reformas profundas del gobierno de Frei Montalva se implementaron a través de la Constitución de 1925; en los años del gobierno de Allende, cuando se opusieron al proyecto refundacional de la izquierda, porque amenazaba el orden político sostenido por una Constitución legítima; durante la dictadura militar, cuando la oposición más abierta y explícita al proyecto refundador de Pinochet provino de líderes democratacristianos; y finalmente durante los noventa, cuando dos presidentes democratacristianos recondujeron al país por la senda de la democracia y un crecimiento económico inédito en la historia de Chile. La Constitución de 1980 siguió vigente, pero con las reformas del año 2005 y la reforma electoral que terminó con el sistema binominal, las limitaciones democráticas que formaban parte de su concepción original se disiparon. Así como la Constitución de 1925 permitió que fuerzas de todo el espectro ideológico llegaran al poder, la Constitución de 1980 (o 2005) ha permitido lo mismo.

La suerte electoral de la Democracia Cristiana ha declinado sostenidamente desde que se alejó de los principios de moderación e incluso conservadurismo cultural que alentaron a sus fundadores y las generaciones que vivieron la crisis, destrucción y reconfiguración de la democracia en Chile. Este proceso parece difícil de revertir. Sin embargo, no deja de ser relevante que uno de los partidos históricos del sistema político adopte una postura destructiva de la entidad del mismo. Desde este punto de vista, cabe entonces la pregunta, ¿por qué un partido como la Democracia Cristiana, con una historia asociada a un orden constitucional con principios claramente identificables, opta por apoyar un cambio hacia un orden fundamentalmente diferente?

La respuesta a esta pregunta es importante para Chile. La situación de caos e incertidumbre que caracteriza la convivencia social en Chile se debe en buena medida a la incapacidad de los actores políticos más importantes, entre los cuales destacan los partidos con un anclaje profundo en el sistema, de leer con prudencia los fenómenos sociales y culturales que condicionan su actuar. Consideraciones tácticas cortoplacistas -el imperativo de oponerse a la derecha- y voluntarismos injustificados a la luz de la experiencia histórica -creer que el electorado del partido es de izquierda- han conducido a la Democracia Cristiana a la situación de crisis profunda en la que se encuentra actualmente. Para salir de ella, será necesario que los líderes del partido retomen, en este mundo nuevo y volátil, una senda que se parezca a la seguida por los líderes del partido en sus momentos de éxito y hegemonía en la política chilena, incluyendo su adhesión a un orden político que la Constitución vigente sostiene de mejor manera que el proyecto que se plebiscitará el 4 de septiembre próximo.