La deuda de la representación

El pasado 11 de enero el Servel habilitó 3.382 candidaturas para la Convención Constituyente. Y si bien aún falta la confirmación de parte de dicho servicio, el 50% de las candidaturas corresponderán a mujeres. El explosivo aumento de candidaturas femeninas no es anecdótico, sino que es el resultado de la norma complementaria para la conformación de la Convención Constituyente, la cual estableció que debía ser paritaria. El logro de la paridad en la Convención tiene nombre y apellido, y reúne a un grupo transversal de mujeres que logró articular, proponer y disuadir para la concreción de una Convención que será histórica.

Si bien los desafíos que enfrentamos como sociedad para revertir las múltiples expresiones de desigualdad categórica que experimentamos día a día las mujeres no se agotarán en la discusión constitucional, no podemos subestimar la enorme relevancia que tiene subsanar la desigual representación de las mujeres en la discusión política. Lo anterior se vuelve aún más gravitante en la medida que reconocemos que el debate constitucional definirá las reglas básicas sobre las cuales se diseñarán con posterioridad las políticas públicas. Aumentar la participación de mujeres en la discusión política no solo es bueno en sí mismo, sino que también puede tener implicancias positivas en movilizar nuevos marcos discursivos y procesos ideacionales. La incorporación paulatina de mujeres en la discusión, muchas veces de forma más lenta de la que uno quisiera, ha permitido- como lo definiría Nancy Fraser- el desarrollo de la “política de interpretación de necesidades”. De esta manera, ha sido posible alimentar procesos de deliberación pública bajo nuevos marcos, dando la posibilidad de convencer a otros sobre la necesidad de cambios. Para el bien de nuestra sociedad, desde hace algunos años, es factible reconocer en la discusión pública la problematización de las desigualdades que viven las mujeres, evaluar alternativas y reenmarcar lo que hemos venido haciendo.

En los pocos días de este año ya sufrimos un femicidio consumado y cinco frustrados, según cifras del Sernameg. Además, sabemos que la pandemia ha generado un retroceso en 10 años de inserción laboral femenina. Por otro lado, si bien las denuncias formales sobre violencia contra la mujer disminuyeron durante el 2020, las llamadas a las líneas de ayuda habilitada por el Ministerio de la Mujer aumentaron en más de un 70%. Los hechos anteriormente mencionados evidencian algunos de los múltiples desafíos que Chile debe subsanar con las mujeres que habitan este país. Las injusticias que permiten que las mujeres sean víctimas de los delitos o desafíos que mencioné anteriormente refieren a desigualdades de reconocimiento (dimensión cultural) o redistribución (dimensión económica), sin embargo, para avanzar en ambas áreas no podemos olvidar que es el escenario político, y la manera en que las mujeres estén representadas en este, el lugar donde se establecerán los marcos de entendimiento para que lo demás suceda.