La acusación constitucional a la Ministra Marcela Cubillos abre un debate sobre la forma de llevar a cabo las políticas públicas en educación que es de máxima importancia para este sector y para la conducción del Estado en general. En ese contexto, me parece importante comentar un punto específico.

Ha sido y es responsabilidad de esta administración de gobierno implementar la ley que crea el Sistema de Educación Pública. Aprobada a fines de 2017 por amplia mayoría en el Congreso y tras un nutrido debate, la ley estableció que son 11 los Servicios Locales de Educación Pública que entrarán en funcionamiento durante esta administración; los primeros de un total de 70 que existirán en Chile.

En ese marco, fue una decisión del gobierno someter a un servicio público que aún no cumplía un año de existencia —la Dirección de Educación Pública, DEP— a una subrogancia que se prolongó por siete meses. Más aún, las tres principales divisiones de la DEP vieron sus jefaturas removidas en dos ocasiones dentro del mismo periodo, incluidas aquellas nombradas por esta misma administración.

La Ministra dijo en el Congreso que la subrogancia es un procedimiento regular del Estado. Totalmente cierto. La pregunta es si ello resulta razonable para un servicio nuevo y que tiene, además, la enorme responsabilidad de implementar una ley desafiante y compleja, que requiere de la mejor conducción que el país pueda ofrecer.

La ley es explícita en señalar que habría una jefatura transitoria que, dentro del plazo de un año, debía dar paso a una jefatura titular para seguir conduciendo el proceso de implementación. Ciertamente, el Presidente puede declarar desierto un concurso de Alta Dirección Pública convocado por su propio gobierno. Sin embargo, tratándose de un órgano tan estratégico como naciente, es legítimo preguntarse cuál es la racionalidad y el propósito de tal decisión, así como de la secuencia de hechos posteriores.

Para muchos de quienes aportamos con seriedad y profesionalismo a la construcción de esta política de Estado, esta secuencia de hechos es lamentable y resulta incomprensible considerando la historia de la ley. La gradualidad acordada por el Congreso tiene como propósito, justamente, construir aprendizajes de manera incremental para perfeccionar la implementación. Producto del vacío generado no ha habido avances significativos, y ante la proximidad de la instalación de otros siete Servicios Locales hay muchas inquietudes. ¿Se han aplicado y se están aplicando estos aprendizajes, así como las recomendaciones hechas por estudios académicos y por el propio Consejo encargado de evaluar la implementación? Los traspasos que de aquí a tres meses ocurrirán en once comunas ¿han incorporado estos elementos?

Considerando que la DEP depende directamente de la Ministra, es evidente que ella asesoró muy mal al Presidente de la República a la hora de declarar desierto, en noviembre de 2018, el necesario nombramiento de una jefatura titular para la DEP que permitiera dar cumplimiento a la ley y, sobre todo, seguir dándole conducción a esa Dirección y al rol que le cabe. Acto seguido, la Ministra demoró cinco meses en volver a convocar el concurso.

Estos hechos son graves a la luz de una reforma al Estado que está recién comenzando su implementación y habrá que estar atentos a sus consecuencias en el mediano plazo. Por cierto, son más graves que los fundamentos de las acusaciones levantadas contra los ex-ministros Beyer y Provoste, destituidos por hechos que no eran de su responsabilidad directa y que no revestían la importancia que tiene la correcta implementación de una ley de la República recientemente aprobada.

Los parlamentarios del país deberán resolver en conciencia su posición ante la acusación constitucional en curso. Sea cual sea el resultado de esa deliberación, es de esperar que el Ministerio de Educación enmiende el rumbo que ha seguido hasta ahora por el bien de la educación chilena. El futuro de la educación pública depende de ello.

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