La ficción soberana

Por Max Colodro, filósofo y analista político

La controversia de fondo no tiene que ver con la aplicación de una regla o la validez de un quórum. En rigor, en el debate sobre los 2/3 lo que destila es una cuestión de poder: un sector político y sus representantes en la Convención Constitucional se resiste a aceptar que el actual proceso constituyente no es soberano, que está supeditado al orden institucional vigente y no tiene más objeto que la redacción de una propuesta de nueva Carta Magna que, para entrar en vigencia, debe ser ratificada en un plebiscito por mayoría ciudadana.

El PC, la ex Lista del Pueblo y otros actores no se resignan a aceptar esta realidad, e insisten en modificar el quórum de 2/3 establecido tanto para la aprobación del reglamento, como para las normas que integrarán el nuevo texto constitucional. ¿Establecido por quién? Ahí está el quid de todo este asunto: por el Congreso, es decir, por un poder del Estado que en función de sus propias atribuciones realizó una reforma constitucional para habilitar el proceso constituyente, hacer posible el plebiscito donde se impuso la opción Apruebo, y luego la elección de los integrantes de la Convención y su funcionamiento.

En resumen, la Convención no es un órgano soberano sino delegado por la actual institucionalidad para una función específica y acotada. Eso es lo que un sector político simplemente no reconoce, aunque baste leer con un mínimo de honestidad el artículo 135 de la actual Constitución, donde se señala de manera explícita que “le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente les reconoce esta Constitución”. Y entre las atribuciones que el actual texto constitucional no le confiere a la Convención está modificar el quórum del reglamento y el de la aprobación de las normas que formarán parte de la nueva Carta Magna.

La semana que se inicia, un grupo de constituyentes intentará consumar un acto de prestidigitación ingenioso, para convencernos de que los 2/3 que están obligados a respetar serán el resultado de una decisión “soberana” tomada por la propia Convención. Pero, al final, no será más que eso: una ficción creada para atribuirse una soberanía que no tienen y no tendrán, salvo que el Congreso -no ellos- realice una nueva reforma constitucional y les otorgue funciones que hoy no poseen. Porque la otra alternativa es que ese sector intente poner a la Convención al margen de la institucionalidad, fuera de la ley, con todas las implicancias que ello podría tener. Sin ir más lejos, el candidato presidencial del PC -Gabriel Boric- puso su firma en el acuerdo político que habilitó el actual proceso constituyente y, por tanto, no tiene más opción que defenderlo.

Un proceso donde la Convención tiene expresamente prohibido “atribuirse el ejercicio de la soberanía”, y donde el quórum de 2/3 está condenado a su ratificación.