La importancia de reponer el voto obligatorio


La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general -y por unanimidad- la iniciativa que restituye el voto obligatorio en nuestro sistema electoral, lo que terminaría con la modalidad voluntaria que fue instaurada desde 2012. En el Senado también se han presentado iniciativas que apuntan en la misma dirección, por lo que parece estar asentándose la percepción en favor de la obligatoriedad.

El voto voluntario fue una reforma que en su momento despertó amplio consenso político, y también ciudadano. Su mayor fundamento fue la creencia de que al dejar de ser una obligación, los partidos se esforzarían por conquistar las preferencias de los votantes, lo que redundaría en una política de mayor contenido. Tras los años de puesta en práctica, es dudoso que la calidad de la política haya mejorado, pero en cambio fue muy evidente la desafección por participar en los procesos electorales, con abstenciones del orden del 50% en el caso de las elecciones presidenciales, y de más del 60% en el caso de las municipales. Aun cuando no puede desconocerse la legitimidad de las elecciones llevadas a cabo con voto voluntario, el alto porcentaje de electores que no participa -en especial sectores socioeconómicamente más vulnerables- inevitablemente desluce los resultados.

Ahora que el país ha entrado en una etapa de mucha efervescencia política, es una buena oportunidad para reponer el voto obligatorio, y de esa forma involucrar a la mayor parte de la población en las grandes decisiones. Ello, además de fomentar un sano espíritu cívico e interesarse por los asuntos que conciernen al país, ayudaría a robustecer nuestra democracia, justo en momentos en que se requiere reforzar la noción de que el sistema que más conviene a una sociedad es aquel donde las diferencias y consensos se zanjan a través del voto.

De acuerdo con el cronograma que se ha establecido tras el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución -suscrito por un amplio arco del espectro político-, la ciudadanía sería convocada en abril a un "plebiscito de entrada", de tal manera que se pronuncie si quiere mantener el actual texto constitucional, o si quiere uno nuevo. Inexplicablemente, el acuerdo contempla que dicho acto electoral continúe bajo el voto voluntario, pese a que el plebiscito "de salida" -donde habrá de ratificarse o rechazarse el eventual nuevo texto constitucional- será bajo el esquema obligatorio, lo que resulta enteramente contradictorio.

Sería muy relevante que este primer plebiscito se haga bajo el voto obligatorio. No debe perderse de vista que el objetivo del proceso que se ha emprendido es contar finalmente con una Constitución plenamente legitimada, sea la actual o una nueva. Por ello es muy importante que el grueso del electorado se pronuncie desde un inicio, y que sus decisión -a favor o en contra- no pueda reprocharse a futuro de poco representativa, como podría ocurrir si continúa el voto voluntario y hay una abstención elevada.

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