La Moneda se aleja de la prescindencia

Resulta evidente a estas alturas para cualquier observador que La Moneda ha decidido entrar de lleno a la campaña electoral de cara al plebiscito de septiembre, desplegándose sin mayor disimulo en favor de la opción Apruebo. Ello a pesar de que los instructivos de Contraloría han sido claros en cuanto a que las autoridades no deben promover alguna de las posturas, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto.

Es justamente lo que no ha sucedido, y sobre ello hay un cúmulo de antecedentes que así lo avalan. En esto habría que partir por el propio Presidente de la República, que a pesar de que en distintas intervenciones ha hecho ver que tanto el Apruebo como el Rechazo son opciones legítimas, no ha escatimado oportunidad para hacer guiños en favor del texto propuesto por la Convención. Esta semana, por ejemplo, fue muy polémico su “retuiteo” a un mensaje en que si bien se daba cuenta de una visita suya a Frutillar, este terminaba con arengas en favor del Apruebo. En fin, su despliegue por distintas comunas de la Región Metropolitana firmando ejemplares de la propuesta de nueva Constitución son también señales elocuentes de que se está abandonando la neutralidad.

Otro tanto se podría decir del despliegue comunicacional que ha emprendido La Moneda, en que bajo un supuesto propósito “informativo” en realidad se ha puesto énfasis en mensajes que favorecen la opción Apruebo, ya sea transmitiendo la idea de que en este plebiscito los chilenos “harán historia” o procurando desmentir supuestas “fake news”. Y otro hecho que esta semana también abrió una fuerte polémica dice relación con las declaraciones hechas en abril -y conocidas ahora- formuladas por el seremi de Salud del Biobío, quien dijo que “como gobierno estamos disponibles para el Apruebo y lo vamos a impulsar”, señalando que estaban mandatados por el propio Presidente para plantearlo, dichos que motivaron la apertura de un sumario.

Pero el dictamen que acaba de emitir la Contraloría, en que acredita que el ministro de la Segpres Giorgio Jackson no observó el principio de prescindencia en el ejercicio de su cargo -se le cuestiona que haya solicitado públicamente a los partidos en favor del Apruebo propuestas para mejorar el borrador de Nueva Constitución, no así a quienes sustentan la opción Rechazo-, ciertamente cambia todo el escenario, porque además de acreditar la existencia de prácticas indebidas, es particularmente preocupante que este quebrantamiento provenga desde La Moneda misma.

El gobierno tiene la obligación de hacerse cargo de este dictamen y ofrecer explicaciones a la ciudadanía. La vocera señaló que Jackson cuenta con todo el respaldo del Presidente, justificando su actuar en que el ministro le ha pedido a todos los sectores propuestas para la nueva Constitución. Por lo visto, y pese a lo acreditado por la Contraloría, no se tiene pensado hacer efectivas las responsabilidades del caso, a pesar de la debilitada posición en que ya se encontraba Jackson producto de la controversia que abrió entre las filas oficialistas a raíz de sus dichos en una entrevista, donde hizo ver la superioridad moral de su generación. Ahora queda aun más en entredicho que pueda oficiar como interlocutor entre la Presidencia y el Congreso, particularmente con la oposición, ello sin perjuicio del precedente que supone que un actuar así quede en la impunidad, como si se tratara de un mero tropiezo.

A partir de estos antecedentes, se hace asimismo indispensable que la Contraloría entregue cuanto antes las conclusiones de la investigación que abrió hace un par de semanas en La Moneda, ante las denuncias de un posible mal uso de recursos públicos en la utilización de redes sociales por parte de estamentos oficiales, así como en la campaña comunicacional liderada por la Secretaría General de Gobierno, todo en el marco del próximo plebiscito.

Es lamentable que en medio de un proceso electoral trascendental para el país, el gobierno esté dando señales de no estar a la altura, recurriendo a prácticas altamente cuestionables, que tanto daño le han hecho a la imagen de la política. Aquí no solo está en juego la necesidad de asegurar elecciones limpias y justas para todas las partes, sino también la importancia de comprender que se gobierna para todo un país, siendo fundamental proyectarse más allá de un acto electoral puntual, por importante que este sea. El Presidente seguirá gobernando por tres años y medio más, y la confianza que se tenga en su figura como jefe de Estado será decisiva para que logre llevar su gobierno a buen puerto; en ello resulta fundamental no seguir consintiendo actuaciones que puedan estar al filo de la legalidad.