La otra cara de Dominga

Por Maximiliano Duarte, Investigador Fundación P!ensa

La aprobación del cuestionado proyecto Dominga por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo se ha robado la atención de los medios. Como no puede ser de otra manera, el foco de la discusión ha estado en el eventual impacto que este provocaría en la flora y fauna del Archipiélago Humboldt, el cual alberga uno de los ecosistemas más ricos del mundo.

Ahora bien, y sin perjuicio de su dimensión ambiental, este caso permite apreciar con claridad una tensión que estará presente también en la deliberación constitucional. Me refiero al diseño de la institucionalidad encargada de resolver asuntos técnicamente complejos y con gran repercusión social. Para algunos, es deseable que existan ámbitos de decisión reservados a órganos autónomos altamente especializados ajenos a la influencia de la política contingente; mientras que, para otros, las decisiones más importantes deben ser adoptadas por autoridades electas directamente por la ciudadanía.

Es de esperar que esta confrontación de posiciones alcance su punto más caliente en la discusión por la autonomía del Banco Central, aunque en los asuntos medioambientales esta tensión es igualmente palpable. En efecto, diversos movimientos y líderes de opinión que impulsan cambios en la estrategia contra el cambio climático han apuntado a los políticos como los principales responsables de la debacle. Estos últimos, ensimismados en la consecución de intereses mezquinos, ignorarían la contundencia de la evidencia empírica. La solución pasaría, entonces, por delegar las decisiones ambientales a instituciones eminentemente técnicas, aunque con ello se reduzca el margen de deliberación democrática.

Teniendo en consideración lo anterior, y volviendo al caso Dominga, quizás uno de los mayores problemas de nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es que parece no dejar a nadie contento. Actualmente, las comisiones evaluadoras de los proyectos de inversión están integradas en su totalidad por políticos de exclusiva confianza del Presidente, incluyendo al delegado presidencial regional y a una decena de seremis. Los más tecnócratas reclaman que no es posible que las inversiones queden entregadas a intereses políticos una vez que se ha cumplido con todos los requerimientos técnicos, mientras que en el mundo político se acusa que entre los tomadores de decisión no haya ninguna autoridad electa por los habitantes del lugar donde se emplaza el proyecto. Este fue justamente el reclamo de la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, luego de conocida la aprobación de Dominga.

Hace tres años, este gobierno presentó un proyecto de ley para reformar las comisiones de evaluación ambiental (boletín 11952-12). La iniciativa contemplaba que éstas estuviesen integradas por el gobernador regional electo, los seremis de Medio Ambiente y de Economía, un profesional designado por el Presidente y dos funcionarios con más de 10 años de trayectoria ambiental destacada -uno abogado y otro licenciado en Ciencias- nombrados a través del sistema de Alta Dirección Pública. Además, se reemplazaba el Comité de Ministros como instancia de reclamación por un recurso ante los tribunales ambientales. El proyecto lograba compatibilizar las tensiones entre la especialización técnica y la política representativa, sin embargo, en la Comisión de Medioambiente de la Cámara lo hicieron pedazos hasta que fue retirado.

Probablemente, esta anécdota de nada servirá para evitar la lluvia de críticas e imputaciones de intereses oscuros que le caerán al gobierno por parte de la oposición. Pero permite graficar una muestra de la misma obcecación ideológica que, no pocas veces, impide que en la deliberación democrática se pueda reconocer una buena propuesta que estaba al alcance de la mano.