El concepto de “paz social” ha generado discusión en los últimos días. Algunos lo han manipulado burdamente para sus propios intereses, reduciendo su alcance a la existencia o ausencia de protestas sociales.

Se ha insinuado que un gobierno de derecha no podría garantizar paz social. El argumento es más o menos así: como en este gobierno no se han registrado protestas —el mismo Presidente Boric lo ha interpretado como un signo de “normalización”—, los gobiernos de derecha tendrían menos opciones de asegurar esa supuesta estabilidad. ¿Depende realmente la paz social del color político del gobierno de turno?

Aunque las protestas son un síntoma de inestabilidad, su inexistencia no significa paz ni satisfacción ciudadana. Basta observar el desempeño electoral de la coalición gobernante en las elecciones que han ocurrido desde 2022 a la fecha, y lo que reflejan todas las encuestas: el gobierno ha perdido consistentemente apoyo popular. Lo anterior se explica parcialmente por las graves crisis de seguridad, económica y de corrupción. Y sin embargo, las movilizaciones brillan por su ausencia. ¿Será entonces que debemos protestar con vehemencia en las calles?

La paz social es mucho más que mera ausencia de conflicto. En democracia, las tensiones son inevitables, y la protesta puede formar parte de ella. El problema surge cuando deriva en violencia o criminalidad abierta, porque allí se rompe la convivencia básica, sin la cual nada funciona. Por eso, la primera condición para cualquier paz social, más que evitar marchas, es asegurar el orden y hacer cumplir la ley. Un país con barrios sitiados por el narcotráfico y con ciudadanos atemorizados por la violencia que muestra la nueva delincuencia no puede siquiera pensar en cohesión social. Hoy la protesta social ha sido reemplazada por el autoencierro social. Que no veamos la molestia que produce la impotencia de no estar tranquilos en las calles —como sí la veíamos en 2019— no significa que el malestar sea menor, y menos que no exista.

Ahora bien, el orden y el imperio de la ley son cruciales, pero no suficientes. La historia reciente nos enseña que la paz social no depende solo del gobierno de turno, sino también de la conducta de la oposición. Hoy no sabemos por qué no hay marchas violentas, pero sí sabemos que las actuales oposiciones no incitan ni toleran el vandalismo, ni pasan por alto las normas, como otrora lo hicieran los presuntos pacificadores. Por eso, resulta hipócrita que ciertas izquierdas hoy se jacten de haber alcanzado una supuesta paz social, mientras ayer toleraron o promovieron la crisis social más grave de los últimos 30 años, y callen groseramente frente a situaciones que en otros tiempos hubieran provocado escándalo (con el desvergonzado silencio de los grupos feministas frente al caso Monsalve —en pleno “gobierno feminista”— el chiste se cuenta solo).

La paz social no se decreta ni se obtiene por chantaje. Ella no es monopolio de un sector. Es fruto de gobiernos que ordenan la casa, que procesan políticamente los malestares, y que abren espacios para disminuir la polarización que nos tiene paralizados. Pero sobre todo, es fruto del modo en que la oposición ejerce su rol, colaborando a construir desde las legítimas diferencias, en lugar de atribuirle ilegitimidad per se y de propiciar inestabilidad al gobierno de colores ajenos.

¿Seremos capaces de construir un proyecto común de cuyos frutos emerja una verdadera paz social?

Por Cristián Stewart, director ejecutivo de IdeaPaís