En su libro sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Patricio Zapata cita el principio de la “deferencia razonada” y lo ilustra con el extraordinario cuadro de Velázquez La rendición de Breda. El conflicto, nos dice Zapata, “no necesariamente debe excluir la cortesía”, porque en un estado de derecho “las relaciones entre los distintos órganos de poder pueden, y deben, estar regidas por la deferencia”.

Este sabio criterio se ha perdido prácticamente por completo entre nosotros; con inusitada agresividad institucional distintos órganos del Estado expanden sus competencias, persiguiendo como infracciones sometidas a reproche jurisdiccional o disciplinario las diferencias políticas o técnicas con el gobierno o sus instituciones dependientes.

Así, un grupo de diputados acusa constitucionalmente al exministro Mañalich; el Ministerio Público lo persigue con inusitado rigor, de alguna manera las decisiones adoptadas en el ámbito de sus atribuciones como titular de la cartera y que corresponden a su especialidad profesional se convierten en delito, se dice que no habría consultado con tal o cual consejo asesor o habría ignorado ciertos datos, como si fuera razonable presumir, no solo que todo esto es efectivo, sino que el exministro, además, actuó con dolo penal.

Se ha vuelto una práctica habitual que parlamentarios opositores evalúen el mérito de la gestión de los ministros, desnaturalizando la acusación constitucional, concebida para perseguir la responsabilidad política de las infracciones jurídicas, hasta convertirla en la evaluación propia de los regímenes parlamentarios, en que los ministros dependen de la confianza política del Parlamento.

Estamos muy lejos de la deferencia razonada, hasta el punto que se ha perdido en grado importante el principio anterior de la lealtad institucional, indispensable para que un sistema democrático funcione. Las atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere tienen un cierto fin y las máximas autoridades están, en última instancia, sujetas al deber de conciencia de usarlas rectamente, en el sentido que se insertan en el sistema institucional; ni la racionalidad del rector Peña, ni el llamado a la responsabilidad del expresidente Lagos hacen mella en los acusadores.

El gobierno aparece intentando dar señales de un cierto republicanismo que, a estas alturas, no se sabe si es heroico estoicismo, ingenuidad o simplemente falta de sentido del poder. El sistema institucional confiere al Ejecutivo herramientas para hacer explícitos los conflictos y, gane o pierda, colocar su posición ante los chilenos y ante la historia. A fin de cuentas, Velázquez retrata al general Spinola en su deferencia con Justino de Nassau, porque reconoce el valor del vencido en la defensa de Breda.