Por Eduardo A. Gamarra, doctor en filosofía, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florida y director asociado de investigación básica en el Instituto Jack D. Gordon. Escribe desde Miami. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Hace nueve meses, la nueva presidencia de Rodrigo Paz Pereira parecía anunciar una apertura, frágil pero real, en Bolivia.

El exsenador e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora había puesto fin a dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS). Paz superó una prueba inicial extraordinaria, incluso tras heredar una grave crisis económica. Se enfrentó a poderosos movimientos sociales, eliminó los subsidios a los combustibles vigentes desde hacía tiempo y restableció las relaciones con Washington y las instituciones financieras internacionales. Su gobierno parecía dispuesto a tomar decisiones difíciles que sus predecesores habían postergado.

Esa valoración ahora requiere una revisión sustancial.

Bolivia no se está estabilizando. Está entrando en una crisis combinada de gobernabilidad, credibilidad económica y seguridad pública. La escasez de combustible ha regresado. El gobierno no ha logrado convertir su victoria electoral en una coalición legislativa sostenible, y el Congreso se ha convertido en un campo de parálisis en lugar de un espacio de reforma. Recientemente, movimientos sociales sometieron al país a 53 días de bloqueo exigiendo la renuncia de Paz. Su propio vicepresidente, Edmand Lara, actúa cada vez más como un adversario político en lugar de un socio de gobierno.

Aún más preocupante, el crimen organizado se está volviendo más visible. Bolivia ha sido durante mucho tiempo un importante país productor y de tránsito de cocaína, pero la proliferación de asesinatos por encargo y violencia al estilo sicariato sugiere una nueva y perturbadora normalidad.

En resumen, a pesar de los esfuerzos de Paz por evitarlo, el personalismo, la corrupción y la debilidad institucional que caracterizaron los años del MAS han persistido y ahora están socavando seriamente la capacidad del Estado. Si Paz no logra enderezar el rumbo, el país podría entrar en una espiral descendente de inestabilidad de la que será cada vez más difícil escapar.

Un escándalo de vulnerabilidad estatal

El escándalo que rodea al consultor político argentino Fernando Cerimedo y las extraordinarias acusaciones de que orquestó un atentado al estilo sicario contra su novia embarazada, quien también era su asesora legal, han conmocionado al país. Ella sobrevivió al presunto ataque, ocurrido en Santa Cruz, y Cerimedo niega haber cometido delito alguno. Sin embargo, el caso reforzó la percepción pública de que poderosos consultores e intereses particulares manipulan canales informales dentro del gobierno para sus propios fines.

Esto resulta particularmente preocupante porque Paz asumió la presidencia prometiendo reconstruir las instituciones del país tras la era del MAS. Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019 y fundador del MAS, construyó una maquinaria política basada en el clientelismo, los movimientos sociales y la concentración del poder presidencial. Su sucesor, Luis Arce, heredó este sistema, pero finalmente luchó contra Morales por su control. Esta fractura contribuyó a la destrucción electoral del MAS.

La victoria de Paz demostró que los bolivianos deseaban un cambio. Sin embargo, la salida del MAS no eliminó las prácticas políticas que este había arraigado en el Estado. Independientemente de la veracidad de las acusaciones de Cerimedo, estas han puesto de manifiesto un grave problema: la debilitada institucionalidad de Bolivia.

Este problema se agrava por el fracaso de Paz en la formación de una coalición de gobierno. Su Partido Demócrata Cristiano ganó la presidencia, pero no la fuerza legislativa necesaria para gobernar en solitario. Sin embargo, casi un año después, Bolivia sigue sin contar con los acuerdos necesarios para afrontar los problemas estructurales.

La crisis energética de Bolivia es un buen ejemplo. Paz logró eliminar los subsidios a los combustibles, lo que representó un importante avance. Pero la inversión y la producción nacional siguen siendo demasiado bajas. Esto está profundizando la dependencia del país de las importaciones y provocando la disminución de las reservas de divisas. Las largas filas en las gasolineras han regresado, un recordatorio visible de que las drásticas medidas de los primeros meses de Paz dejaron sin resolver los problemas subyacentes.

Lo mismo podría aplicarse a sus esfuerzos por combatir el crimen organizado. Bolivia ocupa una posición estratégica en la economía sudamericana de la cocaína, conectando zonas de producción con Brasil, Paraguay, Argentina y, en última instancia, con los mercados europeos. Los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, por ejemplo, parecen haber extendido su influencia en Bolivia. Los asesinatos cada vez más descarados plantean la posibilidad de que Bolivia comience a experimentar un colapso de seguridad similar al de Ecuador o Colombia.

Victorias pírricas

Esto plantea preguntas incómodas para Washington. Es comprensible que Estados Unidos acogiera con agrado la elección de Paz. Morales había expulsado al embajador de Estados Unidos y a la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2008, y Paz revirtió esa trayectoria, restableciendo estrechas relaciones con Washington y renovando la cooperación antinarcóticos. Se trata de medidas positivas, pero sin esfuerzos concertados para apuntalar la institucionalidad, podrían tener poco impacto.

La reacción pública ante las acusaciones contra Cerimedo pone de relieve los peligros que rodean el mundo internacionalizado de los consultores de campaña y los emprendedores políticos ideológicos. Cerimedo se movía dentro de redes de derecha que incluían figuras vinculadas a la maquinaria política de Donald Trump y otros movimientos conservadores en América Latina.

Esto debería generar reflexión en Washington. Los consultores políticos pueden contribuir a ganar elecciones, pero no pueden sustituir a los partidos políticos, las burocracias profesionales ni las instituciones que funcionan correctamente. Si intentan asumir estas funciones, solo conseguirán victorias pírricas.

El peligro ahora radica en que, si Paz no logra enderezar el rumbo del Estado, la próxima administración podría ser aún más perjudicial que los gobiernos del MAS que la precedieron. El vicepresidente Lara se está posicionando como un opositor populista al presidente. Morales sigue siendo una presencia desestabilizadora. La oposición tradicional está fragmentada. Los movimientos sociales conservan la capacidad de paralizar el país. Las redes del crimen organizado se fortalecen.

Paz aún tiene tiempo para rectificar y evitar una caída en la inestabilidad. Necesitará conformar una coalición de gobierno, aprobar leyes creíbles, institucionalizar mecanismos anticorrupción y diseñar una estrategia de seguridad nacional acorde con la creciente amenaza que representa el crimen organizado.

Solo podrá lograrlo si se enfoca en erradicar el personalismo, la corrupción y la debilidad institucional que se han arraigado profundamente. El futuro de la próxima década podría depender de ello.