El gobierno del Presidente Boric inició una ofensiva final para lograr la aprobación de proyectos clave de su administración, entre los que figura el FES. Respecto de este proyecto, el Ejecutivo agregó a la presión mediática ejercida por la vocera y el ministro de Educación una presentación con una serie de cambios al proyecto FES original, que sometió a revisión de la Comisión de Educación del Senado.

En esta presentación –que es solo una declaración de intenciones– el proyecto original tiene un cambio relevante. Se repone la posibilidad de que las instituciones de educación superior cobren a sus estudiantes por estudiar. Para las instituciones no gratuitas, es un copago más regulado que el actual. Para las instituciones adscritas a gratuidad, es igual al actual. Es positivo que el gobierno reconozca que su idea de diseñar una “gratuidad paralela” mediante el FES, prohibiendo el copago, era nociva para el sistema y más cercana a una preferencia ideológica más que una herramienta clave del diseño. Sin embargo, es lamentable que no se haya aprovechado la oportunidad para liberar el copago de las instituciones gratuitas, para los deciles no beneficiados. Estas instituciones –producto de la fijación de precios y vacantes de la gratuidad- están bajo presión financiera, que el Estado no está en condiciones de cubrir. Ampliar el copago para ellas habría sido algo razonable. Aunque de manera imperfecta, se ha tomado en cuenta el problema para las universidades.

Sin embargo, el diseño del impuesto a los graduados se mantiene. Un grupo relevante de estudiantes –que se ha estimado en un 40%- pagará más que lo que el Estado desembolsó, solo que ahora se ha fijado un tope del doble de la carrera. Ese exceso de pago, ahora acotado, es un impuesto que se le cobrará a los estudiantes empleados para financiar a los que no trabajen, o tengan muy bajos ingresos. Erróneamente, se han tratado de hacer acrobacias conceptuales para comparar este impuesto con un crédito, simulando “tasas de interés implícitas”. Ello acarrea un riesgo alto: hacer esa equivalencia implica aceptar que el gobierno está proponiendo a los estudiantes un crédito de al menos 4% de interés, el doble que el CAE hoy. No es una comparación ni correcta ni políticamente astuta, y gobierno y oposición debieran evitarla. El FES sigue siendo un impuesto, más nos vale aceptar aquello.

Pero quizás lo más preocupante es que se desconoce el detalle de las nuevas ideas adelantadas por el Ministerio de Educación. En una reforma de esta complejidad, no solo es probable que no haya tiempo para atender asuntos importantes de diseño y de incentivos. También es posible que se comentan errores graves de estimación de riesgos fiscales. De partir, no conocemos el costo fiscal de estas ideas. De forma enrevesada, parece haberse prometido que sería más barato que el CAE. Pero el FES es aún un diablo por conocer.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar