La secuencia de eventos que llevó a que Javier Etcheberry deje la cabeza del SII es una crónica que justifica por qué el SII debe ser reformado. Etcheberry estaba haciendo una buena labor de modernización del servicio en dos dimensiones. Una es controversial, el foco en el alza en las contribuciones. La otra es necesaria pero peligrosa: su cruzada contra la corrupción y el crimen organizado.

Dadas esas opciones, uno debía suponer que el director no tenía temas pendientes justo en materia de contribuciones que pudieran ser usados en su contra. Pues bien, eso ocurrió. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado pende ahora de un hilo pues no sabemos las prioridades de quien dirigirá definitivamente el SII.

Esta incertidumbre sería menor si, en lugar de una autoridad unipersonal, el SII estuviera dirigido por una comisión independiente. Esta tendría dos virtudes que fueron el talón de Aquiles de la estrategia de Etcheberry.

Primero, en el plano externo al servicio. No obstante que la política tributaria es materia del Ministerio de Hacienda, detalles cruciales como la política de avalúos están razonablemente delegados en el SII. El servicio interpreta la ley y por lo tanto hace política tributaria, pero sin el escrutinio de una discusión legislativa. Una comisión daría más solidez al debate sobre el nivel razonable de este impuesto patrimonial y los mecanismos para obtenerlo.

Segundo, en el plano interno, una comisión daría al servicio estabilidad para su desarrollo estratégico. La oportunidad en la cual se filtró el informe que denunció a Etcheberry sugiere que éste dio en el clavo respecto de la probable existencia de un esquema de corrupción en el SII. Lo que vimos fue una vendetta. Con una comisión, sin embargo, este tema sería menos relevante desde la perspectiva del combate a la corrupción interna porque esta sería una estrategia sostenida independiente de si el Presidente es X o Y. Hoy no sabemos qué va a pasar.

Etcheberry había señalado con argumentos y convicción que para combatir el crimen organizado era necesario seguir la ruta del dinero. Cada día esto es más evidente. Hoy el SII puede acceder a las cuentas corrientes con orden judicial. Esto puede atrasar algunos días procedimientos clave e impedir atrapar a bandas que -es bueno convencerse de una vez- son profesionales y saben lo que hacen.

Pero este evento sugiere otra cosa: la facultad de levantar el secreto bancario dejada al poder discrecional del director, matizado por la firma conforme de un subalterno, no es prudente. Levantar el secreto bancario es necesario para combatir el crimen organizado, pero los contribuyentes honestos deben tener garantías de que su uso será racional. La presunción de irregularidades al interior del SII agrava este riesgo.

Reformar la gobernanza del SII a una comisión de designación presidencial y aprobación del Senado es una lección que debemos sacar de este desafortunado incidente.

Por Guillermo Larraín, FEN Universidad de Chile