Se equivocaron quienes rindieron homenaje en el ex Congreso a los encapuchados, pensando que con esa acción se pueden granjear apoyos o potenciar mejores resultados o soluciones para las demandas sociales. Estamos frente a un estallido de origen social cuya matriz es esencialmente pacífica y masiva, pero con componentes de violencia que complican y enredan el escenario político. Las complejidades que enfrenta la institucionalidad democrática provienen de lo inédito y distinto de esta dinámica frente a otras experiencias de nuestra propia historia. Es, en resumen, un movimiento sin liderazgos claros y que, no obstante, cuenta con el apoyo mayoritario de una ciudadanía que venía acumulando por décadas una gran rabia por abusos, inequidades e injusticias, y por sentirse olvidados e ignorados por el sistema.

Eso es tan claro como que esa inmensa mayoría de chilenos quieren cambios, pero sin violencia. La principal complejidad es que, paralelamente, se ha instalado una dinámica de vandalismo, saqueos e incendios que han afectado gravemente la calidad de vida de las personas, con destrucción de infraestructura pública y privada, de centenas de pequeños negocios y, por ende, dañando la fuente laboral de trabajo de miles de ciudadanos. Todo indica que, en la ocurrencia de estos hechos, han convergido distintos tipos de sectores, muchos de los cuales desde la marginalidad, han sido protagónicos de actos de violencia y delictuales en los últimos años. Entre ellos sectores anarquistas y antisistémicos que han operado en la última década, como encapuchados y que solían aparecer en el medio de las manifestaciones. Así se explican los ataques a símbolos del mercado, del poder gubernamental, a las grandes cadenas económicas y también al comercio minorista.

Cuesta entender que los objetivos tan nobles detrás de las demandas ciudadanas se vean mezclados con una violencia que se entroncó con el enojo ciudadano en curso y que rompió con la supuesta apatía de la gente, demostrando de paso que la abstención electoral no fue nunca indiferencia, sino más bien hastío y desencanto con los partidos y liderazgos.

El orden democrático que costó construir requiere defensa y fortalecimiento. La violencia no ayuda a ninguno de los dos objetivos y se le debe combatir principalmente en términos ideológicos y políticos. Quienes en la historia han tratado de usar sólo la fuerza y la represión, han tenido malos resultados. De esta forma, debiera estar claro para el Gobierno que con la sola represión no se arregla el problema y nítido para la oposición que con la apología a la violencia, tampoco.

Afortunadamente las encuestas han logrado mostrar que las personas hacen la diferencia, apoyando mayoritariamente las demandas pero condenando drásticamente los hechos de violencia. Falta una clara distinción por parte de todos los actores de la política entre la legitimidad del movimiento social por los cambios y la furia destructiva de la violencia. Los tiempos se acortan dramáticamente, y de ello dependerá el país mejor o peor que salga de esta crisis.

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