SEÑOR DIRECTOR
La designación de la nueva ministra de Justicia, Marcela Ríos, ha generado cierta sorpresa en algunos. A pesar de tener un sólido currículum que la respalda, lo que se ha hecho notar es que no es abogada. Para otros, en cambio, esto ha sido interpretado como una gran noticia, como un reconocimiento de que la justicia es un fenómeno social y que su abordaje debe ser interdisciplinario. Las intersecciones entre la justicia criminal y la justicia social son en el Chile de hoy impostergables.
La nueva administración se instala en un contexto de gran malestar social, donde la equidad se torna clave, y con una baja legitimidad de las instituciones de justicia y seguridad. De hecho, el vigilantismo (tomar la justicia por las propias manos), ya no es un fenómeno aislado y según datos de nuestro centro de investigación, más de la mitad de la población aprueba estas medidas. Si a esto le agregamos una grave desinformación de la ciudadanía respecto de los alcances del Sistema de Justicia y el debido proceso, y una alta percepción de inseguridad, las demandas punitivas se tornan inmanejables.
Las percepciones de los ciudadanos dan cuenta de una justicia lejana, que no resuelve y que no incorpora las desigualdades de nuestra sociedad. En relación a la violencia de género, la mayoría de las víctimas no se sienten protegidas por el Estado, ni se encuentran conformes con los mecanismos de resolución.
Si bien varios de estos desafíos van más allá del Ministerio de Justicia y requieren una articulación interinstitucional, es claro que sus causas, abordajes y consecuencias no pueden ser solo resueltas desde la disciplina del Derecho. En este sentido, la nueva ministra tiene la oportunidad de propiciar relevantes cambios sociales desde un enfoque socio-legal, que esperamos permita avanzar hacia una justicia al alcance de todas y todos.
Catalina Droppelmann Roepke
Directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC
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