La noche del 13 de enero de 2026, en una entrevista en Tolerancia Cero, el Presidente Gabriel Boric afirmó sentirse orgulloso del apoyo recibido del Partido Comunista (PC) durante su gobierno y sostuvo que el centenario partido tenía “impecables credenciales democráticas”. En los días previos y posteriores, la referencia a esas “credenciales” se repitió con insistencia. La invocaron Lautaro Carmona y otros miembros de la comisión política en entrevistas diversas, y la reiteraron dirigentes del Frente Amplio al referirse al tipo de oposición que ejercerán en los años venideros.

Durante la campaña presidencial, el tema ocupó un lugar central en el debate público. La derecha subrayó que Jeannette Jara militaba desde los 14 años en una colectividad que históricamente avaló —y que, según sus críticos, sigue avalando— algunas de las dictaduras más brutales del siglo XX, incluyendo la de Cuba y, en su momento, la de la Unión Soviética. Según ese argumento, el PC abogaba por la dictadura del proletariado y aceptaba la violencia como táctica.

Jara y sus partidarios respondían que su foco estaba puesto en Chile y sus dolores, en sus problemas concretos y urgentes, y que no se les podía achacar lo que había pasado en otros lugares y durante otros tiempos. Decían que Cuba tenía una democracia especial, y que en Venezuela había total libertad de prensa.

Añadían —y este era el núcleo de su argumento— que, por más de cien años, y sin excepción, el Partido Comunista había actuado dentro de los márgenes de la democracia. Habían sido perseguidos, apresados, torturados y expulsados del país; varios dirigentes habían sido asesinados. Pero ellos no habían jamás atentado contra el sistema democrático.

El debate reaparece hoy al discutir el tipo de oposición que hará la izquierda y el “legado” del gobierno. Algunos temen que el PC, con la complicidad del Frente Amplio, adopte una oposición menos que democrática: con incitación a la violencia, “los dos pies en la calle” y el ojo puesto en la correlación de fuerzas, a la espera del momento para dar el “gran salto”. La respuesta comunista es la de siempre: nuestras credenciales son impecables; basta mirar la historia.

Los partidos que creen genuinamente en la democracia respetan los resultados electorales y están dispuestos a entregar el poder si son derrotados en una competencia justa. Precisamente por no cumplir ese principio Nicolás Maduro fue sindicado como dictador por una amplia gama de líderes mundiales. No hay duda de que hoy el PC está dispuesto a entregar el gobierno del que forma parte. De eso no cabe duda. Pero ¿fue siempre así? ¿Qué dice la historia?

Para responder conviene volver a la Unidad Popular y a la pregunta clave de qué pasaría al terminar el gobierno en 1976. Luis Corvalán, entonces secretario general del PC, abordó el tema en una extensa entrevista con el periodista Eduardo Labarca, publicada en diciembre de 1972 como “Corvalán, 27 horas”. Labarca fue directo al grano: “Supongamos que estamos en 1976 y que el gobierno de Allende ha completado su período. ¿Qué sucedería si en las elecciones de 1976 pierde la Unidad Popular y gana una combinación derechista-democratacristiana u otra fórmula de oposición?”

Corvalán evitó responder directamente. Sostuvo que si la UP gobernaba bien, la oposición no ganaría, y aludió al intento conservador de bloquear a Pedro Aguirre Cerda en 1938. Labarca insistió: “Usted ha respondido con una elegante verónica de torero. Pero si la Unidad Popular pierde en 1976, ¿no tendría más que resignarse a entregar el gobierno?”

Corvalán intenta escabullirse nuevamente, pero Labarca es férreo y hace la pregunta clave, la pregunta que nos puede ayudar a resolver el tema de las credenciales: “¿El Partido Comunista estaría dispuesto a que se entregara el gobierno a la oposición si la Unidad Popular pierde en 1976? Esta es la cuestión, compañero Corvalán”.

Esta vez, don Lucho se anima a contestar y dice: “Esta es una pregunta, estimado compañero, fuera de tiempo y fuera de foco. Yo quisiera decirle que, es claro, nuestra orientación es actuar dentro de la Constitución y de la ley. Pero también nuestra obligación es actuar teniendo en cuenta las realidades que se puedan crear. Y para mí, la actitud que habría que adoptar en ese momento hipotético estará determinada por el curso que tome el proceso en estos años. Se trata de llevar adelante este proceso. De convertirlo en irreversible, de lograr realmente que la clase obrera asuma el papel dirigente…”.

La respuesta es deliberadamente ambigua. Corvalán invoca la Constitución y, al mismo tiempo, la Revolución. No se compromete a entregar el poder. Todo dependería de la “realidad” y de la correlación de fuerzas. De una cosa, eso sí, no duda: el proceso debía ser “irreversible”. Esa ambigüedad histórica es la que obliga, hoy, a examinar con cuidado las proclamadas “credenciales democráticas” a la luz de los hechos y no solo de las declaraciones.