El gobierno dio a conocer un “Plan económico de emergencia para enfrentar el coronavirus” que involucra recursos fiscales por US$ 11.750 millones, equivalente al 4,7% del producto anual, para limitar el impacto económico de esta pandemia. El crecimiento del gasto fiscal alcanzará este año los dos dígitos y el déficit estará cerca del 6% del PIB. Si bien un plan fiscal de esta envergadura no tiene precedentes en el país, debe aceptarse que resulta proporcionado a la magnitud de la amenaza sanitaria que se enfrenta.

Como el “distanciamiento social”, que detiene actividades productivas, resulta necesario para gestionar la epidemia, muchas empresas van a enfrentar la disyuntiva de despedir trabajadores y reducir costos variables, o poner en riesgo su solvencia. Restringir el ajuste de las empresas puede transformar una recesión con costos productivos y sociales graves, pero transitorios, en una crisis financiera que profundiza y extiende esos costos en el tiempo. Posibilitar ajustes flexibles obliga a establecer un sistema de protección de los trabajadores y sectores de menos recursos que van a soportar un período de ausencia o limitación en sus ingresos autónomos, que puede ser prolongado.

El plan fiscal del gobierno apunta en la dirección correcta. Refuerza Salud con el 2% constitucional y contiene medidas imaginativas para proteger los ingresos laborales, como el acceso de los trabajadores a recursos del Seguro de Cesantía (SC) mientras mantienen su vínculo laboral con una empresa que debió suspender sus actividades o que redujo la jornada remunerada, un bono que beneficiará a dos millones de trabajadores que se desempeñan en la informalidad y un fondo de 100 millones de dólares que los municipios podrán destinar a emergencias sociales.

Para el sector productivo el plan considera aplazar y suspender pagos de impuestos, o anticipar su devolución, buscando aliviar la caja de las empresas. Posiblemente es razonable que, por tratarse de medidas de aplicación general, el énfasis del apoyo financiero haya estado en el apoyo a empresas de menor tamaño. Pero ello no contribuye a mejorar las expectativas sobre el devenir de la crisis en la medida en que deja pendientes definiciones claras respecto de cómo se actuará frente a necesidades de empresas grandes del país.

Hay razones importantes para comprometer acciones en relación a empresas grandes. Por una parte, la diferencia esencial entre estas y las de menor tamaño es su escala de operación, lo que define que pueden generar los mismos problemas que las pequeñas, en cuanto a despidos, desabastecimiento o problemas para sus acreedores, solo que en mayor escala y, por ende, más preocupantes. También debe considerarse que el sistema productivo es un todo imbricado, donde empresas grandes, medianas y pequeñas se sustentan y potencian mutuamente. Sería ilusorio entonces pretender que las empresas pequeñas vayan a prosperar si fracasan las empresas grandes que demandan sus productos o las abastecen y que, también, son las que ponen en mayor riesgo el sistema financiero. Por eso, el plan del gobierno para enfrentar el coronavirus debe definir con claridad que el Estado -subsidiariamente y por el interés nacional- va a jugar un rol en asegurar la viabilidad de las empresas de gran tamaño especialmente afectadas por las medidas que dicta la emergencia sanitaria. Pese a que esas acciones pueden no ser populares, es importante insistir en el papel clave que estas empresas tienen en el sistema productivo. Los sectores políticos deben tomar conciencia del costo social que tendría el imponer restricciones populistas a la mejor gestión técnica de la crisis.

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