*Esta columna fue escrita junto a Juan Pablo Prussing, Asociado Grupo Laboral Palma Abogados.

Expectativas ha generado la llegada de la administración de Piñera en materia  tributaria, ya que durante la campaña este campo fue constantemente apuntado como fundamental para reactivar la economía, luego de un período productivo bajo y de poca claridad, donde existió -y existe- un acuerdo generalizado que la reforma impulsada por la administración anterior no trajo los réditos esperados, aumentando la incertidumbre para el inversionista y desnaturalizando la contabilidad propia de las compañías.

De ahí que la principal tarea de la nueva administración es "simple": volver a generar confianzas con un sistema tributario claro, donde el ente fiscalizador sea visto por el mercado como un actor pro contribuyente más que como un organismo que frena los negocios y proyectos.

En este contexto, y considerando que el mercado completo está de acuerdo con que la coexistencia de dos sistemas tributarios, Régimen 14A y 14B de la Ley de la Renta, es algo inusual e insano, se debiese navegar en aguas que busquen la simplificación del sistema, volviendo a la integración del impuesto de primera categoría con los impuestos finales. En sintonía con ello, el ministro Larraín ha declarado que la reforma vigente debe simplificarse hacia un sistema único e integrado, pero es difícil ver éxito en dicha gestión bajando los impuestos corporativos a las empresas sin que ello implique el alza de otros tributos o bien de tramos de tasas (como lo sería el volver a una tasa del 40% en el impuesto global complementario).

Ello explica que en campaña se habló de bajar las tasas, pero manteniendo la recaudación final, lo que nos lleva a la disyuntiva de saber si el mercado estará preparado para eso o no.

En este punto, creemos que la simplificación traerá buenos réditos y que será saludable para la economía en general, pese a que exista un costo razonable a pagar. Por ello, a fin de evitar efectos nocivos, no existe otra vía que "retocar" pero con gradualidad.

Ciertamente volver a un sistema impositivo integrado no será gratis: se estima que el costo aproximado rondaría los US 1.600 millones. Por ello clave es reimpulsar la economía y la inversión, por un lado, y generar nuevas y mejores fuentes de ingresos, por el otro. En este sentido, fundamental es el cumplimiento de la promesa de campaña de mantención de recaudación con bajas en ciertos tributos, lo cual en parte se logra con la inclusión de normas claras y precisas antielusión. Reconocemos que la administración anterior hizo un esfuerzo en dicha materia pero que resultó, a todas luces, insuficiente

De igual manera, bueno sería generar nuevos polos de incentivo de reinversión de utilidades en las mismas empresas. El ciclo es fácil de comprender: si las empresas siguen inyectando recursos, incluso las ganancias, significa que les está yendo bien.  

Otro desafío importante a asumir es definir en qué tramo impositivo queremos que estén nuestras empresas. Mucho se habló en la administración anterior de igualar la carga con los países de la OCDE, fundamentando muchos argumentos en la existencia de tal medición. Somos de la idea que más que seguir idearios o temáticas propias de organizaciones multi-estatales, debemos ver la realidad de terreno. En este punto, más que compararnos con Portugal o Suecia, debiésemos decir: ¿Que está haciendo la economía No. 1- USA-  en materia impositiva? Bajando los impuestos e incluyendo créditos por gastos cotidianos como educación de los hijos, hipotecarios y otros.  Si esto es así, ¿Será más atractivo en la aldea global con tasas altas o con tasas bajas?, dicho de otra manera: si producir 100 kilos de acero en Pittsburgh me cuesta 80 pesos y producir los mismos 100 kilos de acero en Talcahuano me cuesta 180, claramente estaré comprando pasajes a Pittsburgh en el vuelo más cercano.

¿Por qué no reflejarnos en estas macroeconomías? Para dar ese paso se requiere valentía y voluntad política, no legislar para la galería. Esperamos y deseamos que el presente período presidencial sea fructífero en estas materias con cambios claros y precisos, enfrentando los desafíos con armas de largo plazo, en pos del bien común.

En materia laboral, el nuevo Gobierno tiene importantes tareas a realizar, donde uno de los mayores desafíos es el legado de la reforma laboral, que este 1 de abril cumple un año desde su entrada en vigencia.

En efecto, convengamos que la reforma laboral promulgada bajo la administración de la Presidenta Bachelet no dejó muy contentos a los actores involucrados en ella, donde tanto las críticas desde las organizaciones sindicales como desde las tribunas empresariales y políticas fueron, y son, a la par.

Si bien es imposible lograr acuerdos en la totalidad de los actores, es el momento de aunar esfuerzos y poner la mira en lo esencial. Ya antes de asumir su nuevo período, el nuevo Mandatario le encargó a un equipo de colaboradores la llamada Agenda Laboral, con el objeto de cumplir con los objetivos que se planteó para su gobierno.

Recordemos que en mayo de 2016, cuando la Reforma Laboral tuvo su paso por el Tribunal Constitucional (TC), esta entidad suprimió la titularidad sindical, reconociendo entonces la existencia de los grupos negociadores. En dicha oportunidad, después de una ardua discusión al interior del gobierno respecto de los pasos a seguir – en especial no enviando una ley corta para dotar a los grupos negociadores de un procedimiento de negociación colectiva – el Ejecutivo únicamente vetó el proyecto en aquellas normas que mantenían un equilibrio en el sistema de relaciones laborales. Con lo anterior, se dejó una serie de interrogantes y vacíos, las que con gran esfuerzo la Dirección del Trabajo ha ido intentando esclarecer, puesto que se ha dicho que una de las maneras de aclarar los espacios grises que dejó la reforma laboral es por la vía administrativa.

En este escenario, el nuevo gobierno ya está estudiando cómo llenar los vacíos de la reforma, específicamente, respecto de los grupos negociadores y los servicios mínimos, figuras tremendamente controvertidas.

En efecto, sabemos que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció hace un tiempo dándoles reconocimiento a los grupos negociadores y la idea que se plantea para la nueva administración es que la Dirección del Trabajo reconsidere su dictamen de marzo de 2017, en el cual señaló que no puede, en ejercicio de sus facultades interpretativas, regular un procedimiento de negociación colectiva para los grupos negociadores, porque ello infringiría el principio de reserva legal establecido en la Constitución.

Conjuntamente con los grupos negociadores, se abre el flanco de los servicios mínimos. En efecto, se ha señalado desde la nueva administración que también podría ser regulado a través de dictámenes y una de las opciones que aquí aparece es la de reconocer la competencia judicial, para analizar reclamos por calificaciones y redefinir las hipótesis de equipo de emergencia en materia de seguridad y orden público.

Si a todo lo señalado, le agregamos materias tales como las adecuaciones necesarias en caso de huelga y los contratos por hora, vemos que los desafíos laborales para el nuevo gobierno no son pocos ni fáciles.

Las bases, las ganas y las posibilidades están. Es el momento de arremangarnos la camisa y trabajar unidos como país. Trabajadores, empleadores y todos los actores posibles, de manera que logremos avances consolidándonos como un país mejor para todos.